Madrid (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto este miércoles poner en marcha canales de migración laboral regular para «racionalizar» el sistema de acogida de protección internacional y temporal.
La AIReF ha presentado este miércoles los estudios de la segunda fase de la revisión del gasto (‘spending review’) 2022-2026, que abarcan la incapacidad temporal, la ayuda oficial al desarrollo y el ingreso mínimo vital (IMV).
El estudio de la ayuda oficial al desarrollo dedica una atención especial al sistema de acogida de protección internacional y temporal para personas que huyen de conflictos armados, étnicos o religiosos, entre otros, que ha pasado de 7.571 beneficiarios en 2016 a 48.868 en 2024, lo que ha disparado el coste de 80,5 millones a 271,4 millones de euros en ese periodo.
El asilo como vía de acceso al mercado laboral
El análisis de la AIReF revela que «parte de los solicitantes recurren al asilo como vía al acceso al mercado laboral», ha apuntado el director de la división de Evaluación, José María Casado, ya que pasados cinco años el 45 % de los participantes en el programa trabajan -un porcentaje que roza el 60 % entre los procedentes de América del Sur, Central y Caribe-.
Por ello, el estudio de caso del informe sobre este programa propone crear canales de migración laboral que permitan racionalizar el programa de acogida.
El estudio de la ayuda oficial al desarrollo analiza los 10.847 millones de euros destinados a esta política entre 2021 y 2023 -sobre todo para África (29,6 %), Latinoamérica (17,7 %) y Europa (16,7 %)-, lo que equivale al 0,25 % de la renta nacional bruta, muy por debajo del objetivo global del 0,7 % del PIB, «que solo alcanza Suecia de manera permanente».
Aunque el sistema de ayuda oficial al desarrollo cuenta con herramientas sólidas, la AIReF propone algunas mejoras, entre ellas elevar la calidad y trazabilidad de los sistemas de información, reforzar la previsibilidad financiera o garantizar la aplicación de la estrategia.
