Madrid (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que el Ministerio de Trabajo «está rompiendo el diálogo social» a tratar de sacar adelante un cambio del registro horario después de que las Cortes rechazaran la reducción de la jornada laboral.
Durante su intervención en el Forbes Spain Economic Summit que se celebra este jueves y viernes, Garamendi ha dejado claro que «el diálogo social por parte del Ministerio de Trabajo cada día es menor. Yo lo defino como el monologo social».
«El Ministerio, cuando no le sale el diálogo social, va al Parlamento. Y cuando no le funciona, dice, pues lo hago yo», ha explicado el líder de la CEOE, aludiendo a la orden ministerial a través de la que el Gobierno trata de modificar reglamentariamente el actual registro de jornada.
Garamendi, que ha añadido que no sólo trata de hacerlo el Ministerio con esta norma, «está rompiendo con los 50 años de trabajo del diálogo social por un interés político de estar en la calle».
Ha considerado que esta manera de actual del Ministerio es «de carácter populista» y ha dejado claro que no les ha llamado para negociar ni los cambios en el registro de jornada ni otros anunciados como, por ejemplo, aquellos en materia de despido.
«Hay que fomentar la cultura del esfuerzo»
A su juicio, ante el mensaje de «trabajar menos para vivir mejor», es necesario «fomentar la cultura del esfuerzo» entre la población en edad de trabajar, impulsando además la presencia de mujeres en carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en sus siglas en inglés).
«A la gente con problemas, hay que ayudarla, pero no a quienes tienen que trabajar como los demás y participar como los demás», ha dicho Garamendi, quien ha insistido asimismo en la necesidad de acabar con la economía sumergida, que representa el 24 % del PIB en España, frente al 14 % de Europa.
Respecto a los cambios normativos propuestos por el Gobierno, ha señalado que «las regulaciones son necesarias», pero ha añadido que aunque pueden ser «medicina» para las empresas, desde «la radicalidad» terminan actuando como «veneno».
«Necesitamos seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma», ha apuntado.
