París (EFE).- La OCDE considera que el Gobierno español debe aprovechar la fuerte implicación de los interlocutores sociales en la regulación del tiempo de trabajo para promover la “experimentación política” de una reducción de la jornada laboral, con el objetivo de que pudiera mejorar el bienestar y la productividad.
En un informe publicado este miércoles para tratar de corregir las graves y duraderas deficiencias de la productividad en la economía española, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cree que la flexibilidad del sistema español y la negociación colectiva se prestan a esa experimentación.
Los autores reconocen que “solo hay pruebas limitadas sobre el impacto de una reducción de la semana laboral en la productividad” y que de cara al futuro es clave determinar si un recorte puede generar una mejora suficientemente grande en esa productividad para compensar a los empresarios por el aumento del coste laboral por hora o a los trabajadores por la pérdida de ingresos.
También se trata de evaluar en qué medida los efectos en la productividad dependen de la forma en que se organiza una jornada laboral más corta (con horarios de trabajo más comprimidos durante menos días o menos horas al día) y de la actividad económica de la empresa.
Semana laboral de cuatro días
La organización constata que en España, como en otros países, cobra fuerza el debate sobre esa cuestión, en particular sobre la posible introducción de una semana laboral de cuatro días, para mejorar el bienestar y la productividad.
Subraya que hay “pruebas claras” de que las jornadas laborales “muy largas” aumentan los riesgos para la salud y reducen la satisfacción y la productividad por hora trabajada.
También, por las reformas que se han llevado a cabo en algunos países de la Unión Europea, se observa que reducir la semana laboral normal puede aumentar los salarios y la productividad “con escaso o ningún efecto sobre el empleo”.
Los expertos que han elaborado el estudio, que han evaluado el impacto de la reforma del salario mínimo de 2019, destacan que condujo a un aumento de los ingresos mensuales de una media del 5,8 %, mientras que sólo redujo el empleo en un 0,6 %, es decir unos 7.000 puestos de trabajo.
“En resumen -concluyen- la subida del salario mínimo interprofesional de 2019 tuvo un efecto positivo en los salarios de los trabajadores con salarios bajos, sin causar pérdidas sustanciales de empleo”.
España partía de bastante abajo, ya que en 2018 el salario mínimo representaba el 45 % del salario bruto, lo que lo hacía en términos relativos en el octavo más reducido de la OCDE.
Una vez hecha la reforma, con un ascenso de una tacada del 22 %, que benefició al 7-8 % de los trabajadores por cuenta ajena, en 2022 era el 58 %, con lo que España había ascendido hasta la posición 20. Como está previsto que continúe subiendo hasta el 60 %, eso le hará escalar seis puestos más.
Críticas a la reforma laboral de 2012
En el informe se hace una crítica sin tapujos de la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, que pretendía una descentralización de la negociación colectiva al nivel de la empresa para dar mayor flexibilidad y atacar el problema del desempleo masivo.
La OCDE duda de que en la práctica supusiera una mayor negociación a nivel de la empresa, “posiblemente debido a la falta de representación de los trabajadores en las empresas más pequeñas”.
Además, señala que “se teme que haya socavado la posición de los sindicatos a nivel sectorial, y que haya contribuido a desvincular el crecimiento salarial del crecimiento de la productividad”.
Por eso, el conocido como el “club de los países desarrollados” sugiere que en España “se podrían hacer más esfuerzos para promover la representación de los trabajadores en el lugar de trabajo, especialmente en las empresas más pequeñas, como se ha hecho por ejemplo en Italia”.
Y al mismo tiempo estima que hay que seguir implicando a los interlocutores sociales a nivel nacional en los acuerdos salariales entre sectores.
Promover el paso de contratos temporales a indefinidos
La OCDE respalda la reforma laboral de 2021 en España que limitó estrictamente el uso de contratos temporales y recomienda ir más lejos por ese camino y promover más la transición a contratos indefinidos regulares.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también propone dar más facilidades para que los trabajadores puedan rescindir sus contratos de mutuo acuerdo sin perder el derecho al paro o a los servicios del desempleo.
Se trata de corregir algo que distingue a España de muchos otros países miembros, y es que al no tener derecho al paro o a esos servicios, están menos dispuestos a rescindir voluntariamente sus contratos y en paralelo aumenta el coste de despido para las empresas.
Sobre el tipo de contratos, los expertos que han elaborado el estudio se felicitan de que la reforma de 2021 haya “restringido considerablemente el uso de contratos de duración determinada”, para los que había una “dependencia excesiva”.
Si España era todavía en 2021 con un 20 % el segundo país de la OCDE (sólo por detrás de Corea del Sur) donde más pesaban los contratos temporales, en el primer trimestre de 2023 el porcentaje había bajado al 15 %.
