Madrid, 20 sep (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la rebaja del IVA del 21 al 5 % en la factura del gas natural para todos los consumidores, incluidas las comunidades de vecinos, hasta final de año, lo que supondrá un ahorro para los consumidores de hasta 210 millones de euros, aunque no se descarta que siga en 2023.
Según ha detallado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de medidas urgentes en el ámbito de la energía que, entre otras medidas, incluye esa reducción del IVA, que afecta también a la compra de astillas, pélets y leña.
“Cumplimos nuestro compromiso con la mayoría social de este país reduciendo hasta en un 80 % los impuestos eléctricos para ayudar a las familias y empresas ante esta crisis energética”, ha dicho en Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya adelantó esta medida a primeros de este mes.
Incluidas comunidades de vecinos
Según los cálculos del Ejecutivo, la rebaja impositiva supondrá un ahorro de 210 millones de euros para los consumidores hasta el 31 de diciembre, aunque Ribera no ha descartado que la medida se prolongue más allá de esa fecha en función de cómo evolucione la situación, marcada por la crisis energética que sufre Europa tras la invasión rusa de Ucrania.
En este sentido, la rebaja también se aplicará en todos los suministros de gas natural destinados a las calderas de las comunidades de vecinos que, por los volúmenes que manejan, no pueden acogerse a la tarifa regulada, cuya subida está limitada por el Gobierno a un 5 % por trimestre.
El Gobierno lleva tiempo apuntando que es necesario ofrecer una solución a las comunidades de propietarios con caldera de gas centralizada, probablemente a través de “una solución específica para ese tipo de consumo” para que, mientras el gas esté tan alto, puedan tener también un sistema de contención del precio de la energía, en palabras de Ribera.
“Lo tenemos que acabar de definir y queremos que llegue antes de que los ciudadanos empiecen a recibir las facturas de calefacción”, dijo la prima ministra la semana pasada.
“Servicio de respuesta rápida de la demanda”
Otra medida aprobada este martes es la creación del llamado “servicio de respuesta rápida de la demanda”, un mecanismo que se encargará de aplicar Red Eléctrica y que permitirá otorgar mayor flexibilidad al sistema para reducir la demanda en horas puntas.
Este mecanismo garantiza la disponibilidad de las plantas industriales para que, con una antelación de quince minutos, paren en caso de necesidad y reduzcan así su demanda eléctrica en un plazo máximo de tres horas, a cambio de ser compensadas económicamente.
Red Eléctrica, en tanto que operador del sistema, gestionará el nuevo servicio y lanzará la subasta anual, en la que podrán participar las comercializadoras y los consumidores directos de más de un megavatio.
El Gobierno prevé que la primera subasta se celebrará “muy próximamente”, porque el nuevo servicio “debe estar operativo antes del próximo 1 de noviembre, con vistas a la temporada invernal”.
Tope al gas para la cogeneración
Por otra parte, este martes también se ha dado luz verde a que las instalaciones de cogeneración queden cubiertas de manera temporal por el mecanismo ibérico que limita el precio del gas empleado para la generación eléctrica, tal y como venía reclamando el sector y como adelantó también Sánchez hace dos semanas en el Senado.
Esta medida afecta a unas 600 instalaciones que suman el 20 % del consumo de gas en España y aportan el 20 % del PIB industrial, y según Ribera, permitirá que la mitad del parque que hoy ha detenido su actividad por el encarecimiento de la energía retome su negocio y pueda volver a aportar electricidad al sistema.
“Hemos aprobado que estas instalaciones puedan renunciar temporalmente a su retribución regulada de modo que operen en el mercado eléctrico bajo las reglas del mecanismo ibérico y percibiendo el ajuste que cobran hoy por hoy las centrales de ciclo combinado”, ha explicado Ribera.
La renuncia de las plantas de cogeneración a su régimen retributivo actual podrá producirse en cualquier momento mientras siga en vigor el mecanismo ibérico, que se aplica desde el pasado 15 de junio por un periodo de un año.
Asimismo, se han aprobado diferentes medidas para impulsar el desarrollo de generación renovable, estableciendo, entre otros aspectos, nuevos criterios para agilizar y simplificar los trámites administrativos para los proyectos de generación.
Además, también se fijan nuevos criterios para determinar la capacidad de las redes de transporte, mejorando la eficiencia, y se recortan los informes necesarios en el proceso de autorización para desarrollar nuevos proyectos.
Aprobados 446 millones para reforzar el Sistema Nacional de Salud
El Gobierno ha aprobado los 172 millones anunciados para reforzar la Atención Primaria, a los que ha sumado 230 millones correspondientes a la estrategia de salud digital en este primer nivel de atención y 44 millones del plan de salud bucodental.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado que el compromiso del Gobierno con la Atención Primaria es “firme, es un pilar fundamental para lograr el derecho a la protección de la salud de la población y garantiza una atención cercana, equitativa y cohesionada”.
El reparto de estos 172 millones, reflejados en los Presupuestos Generales del Estado de este año, se concretará este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial de Salud en función de criterios ya adoptados con las autonomías. A esta cantidad las autonomías sumarán las partidas destinadas en sus presupuestos a la Atención Primaria.
La ministra ha añadido que se dotará al Sistema Nacional de Salud de una financiación finalista para acciones concretas y determinadas por las comunidades a fin de aumentar su capacidad resolutiva pro también se adquirirán equipos de alta tecnología para hacer una sanidad más efectiva y operativa. Darias ha comentado, a modo de ejemplo, la inclusión en la Atención Primaria de los cribados de cáncer de cuello de útero o el abordaje de la cronicidad para pacientes polimedicados.
Aprobado un plan para detectar y proteger a las víctimas de trata
El Gobierno ha aprobado asimismo el Plan Camino, que recopila las políticas públicas que considera necesarias para detectar y dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, pero también para desincentivar la demanda.
El Plan al que ha dado luz verde incluye 28 medidas en 5 líneas de actuación a implementar entre este año y 2026, con una dotación económica de 204 millones de euros, y con acciones específicas del Ministerio de Igualdad pero también otras transversales a llevar a cabo por otros ministerios.
Objetivo: poner en marcha las medidas recogidas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual
Su objetivo general es poner en marcha las medidas recogidas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y complementar las acciones del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 en lo que se refiere a la trata con fines de explotación sexual.
De esta forma, desarrolla todas las actuaciones que competen al Ministerio de Igualdad en cuanto a la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y el apoyo a las mujeres prostituidas.
Y entre otras acciones, el Plan contempla que en un país como España, en el que el 90 % de las mujeres que atienden las ONG, según Igualdad, son mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular, la regularización es la vía real de salida de su situación.
En este sentido, propone un acuerdo de regularización de mujeres que participen en el I Plan de Inserción socio laboral por razones de interés púbico; y a medio plazo plantea “explorar la aplicación de las vías de normalización administrativas” que ofrece el Reglamento de Extranjería tras su reciente modificación y “promover su aplicación” a las víctimas.
Asimismo, quiere impulsar “el análisis de la cobertura jurídica de las necesidades de protección de estas víctimas con el fin de orientar futuras mejoras normativas en este ámbito”.
Insiste en que la salida de estas mujeres a través de la inserción laboral tiene que acompañarse de alternativas económicas y sociales para garantizar sus derechos.
Con el Plan Camino, el Ejecutivo quiere incidir en la prevención y desincentivo de la demanda por parte de jóvenes y hombres adultos de a través de campañas de sensibilización pero, fundamentalmente desde las escuelas y espacios de socialización.
El Gobierno apuesta por una “detección multi-agenda” de las víctimas, de forma que puedan acceder a derechos económicos, socio asistenciales y de salud sexual y reproductiva, pero que éstos no dependan de la interposición de una denuncia por parte de las víctimas.
Así, recuerda el Plan, el nuevo sistema de acreditación para las víctimas tiene que consolidarse “de manera efectiva y en la mayor brevedad posible”, de forma que ninguna mujer tenga supeditados sus derechos a dar ese paso “tan difícil” contra sus tratantes y explotadores.
El Plan también promueve la investigación y recogida de datos, con lo que incluye, entre otras cosas, la realización de un macroestudio en 2023 para conocer el número estimado de víctimas.
Según las cifras aportadas por la portavoz del Ejecutivo, desde 2017 y hasta 2021 se identificaron un total de 873 victimas de trata y 2.227 de explotación sexual.
El 50 % de estas mujeres tenía entre 18 y 32 años y una de cada tres se encontraba en situación irregular.
15 millones para atender a los menores migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla
El Gobierno ha aprobado también fondos que ascienden a 15 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla para contribuir con estos territorios en el “especial esfuerzo” que están haciendo como primera línea de atención a estos jóvenes.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, esos 15 millones de euros se distribuyen en 6 millones para Canarias y 4,5 millones para cada una de las ciudades autónomas, unos territorios que como frontera sur de Europa “están afrontando de manera ejemplarizante esa atención a los menores no acompañados que llegan”.
España aporta 30 millones de euros para paliar desastres del cambio climático
El Gobierno ha acordado destinar 30 millones de euros al Fondo Adaptación de Naciones Unidas para ayudar a “mitigar el sufrimiento asociado a los efectos del cambio climático”.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado que el verano meteorológico en España ha sido “excepcional” por las altas temperaturas y la sequía, pero también ha tenido graves efectos en otras partes del mundo, como “las inundaciones dramáticas” que han causado más de 1.300 muertos en Bangladesh o más de 1.100 en Pakistán.
Un escenario de temperaturas extremas, sequías e inundaciones que, ha dicho la ministra, “requiere invertir para que haya una mejor preparación para hacer frente a los efectos e impactos” derivados del cambio climático.
La campaña de vacunación covid de este otoño contará con 44 millones de dosis
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que para la campaña de vacunación de este otoño se contará con 44 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 que llegarán en el último cuatrimestre, de las que 16 millones se recibirán en este mes de septiembre.
Darias recuerda que el próximo 26 de septiembre comenzará la vacunación de la segunda dosis de recuerdo y ha hecho suya la recomendación de los expertos de la ponencia de vacunas de comenzar con los mayores de 80 años y los más vulnerables.
La ministra ha informado de que será una vacunación que se iniciará el mismo día en todo el país con los mayores de 80 y con quienes viven en residencias, y seguirá con el personal de centros sanitarios y la población que, por diferentes razones, no ha completado su pauta de vacunación.
Y a partir de ahí, ha dicho, la vacunación se abrirá a los mayores de 60 y para los menores de esta edad se esperará a lo que decida la Comisión de Salud Pública.
Darias ha subrayado la importancia de recibir estas vacunas adaptadas a las nuevas variantes si bien ha recordado que las recibidas hasta ahora han alcanzado una efectividad por encima del 80 %.
Edición web: Nuria Santesteban
