València, 26 sep (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha asegurado este lunes en la Audiencia de Valencia que entre 2015 y 2018 tuvo hasta 10 puestos de asesor libres en la Corporación Provincial (de un total de 45 posibles), de los cuales podría haber dispuesto si su “intención hubiese sido la de colocar a alguien”, pero “era la contraria”, ha asegurado.
En este sentido, ha explicado que suprimió la figura de los asesores en Imelsa, once en total, logrando un ahorro de 1,2 millones de euros en tres años (prácticamente la misma cantidad que está acusado de haber malversado con la contratación supuestamente ilícita de directivos).
La tercera sesión del juicio del caso Alquería ha arrancado con la declaración de los procesados, y en primer lugar la de Rodríguez, que se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y las acusaciones, de modo que únicamente se han escuchado las preguntas de su letrada, Ángela Coquillat, ya que el resto de las defensas no han formulado cuestión alguna.
Rodríguez se ha presentado como licenciado en Ciencias Políticas (empezó Medicina pero no la terminó) y un conocedor “básico” de la administración pública. “No conocía la diferencia entre contratos laborales y administrativos, pero sí los principios de publicidad, mérito y capacidad, y los aplicamos en las contrataciones de directivos en la institución Alfonso el Magnánimo”, ha indicado.
Contratos de alta dirección
Desconocía también el contrato de alta dirección. “Se lo oí por primera vez a José Luis Vera, máximo responsable de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia”, ha indicado, y ha señalado que Vera dio su visto bueno a los contratos que ahora se cuestionan en 2016.
“Dijo (Vera) incluso que flaco favor se les hacía si había voluntad aviesa”, porque el tipo de contrato elegido les ligaba a los gerentes, no podían pasar a formar parte de la plantilla de Imelsa y las indemnizaciones en caso de despido estaban limitadas.
Preguntado por los denunciantes del caso Alquería, José Luis Pellicer y José Luis Castellote, Rodríguez ha apuntado que no les conocía, que les solía ver en los consejos de administración de Divalterra (antigua Imelsa) como secretario del mismo el primero y como responsable del área financiera el segundo.
“Nosotros no quisimos entrar en Imelsa como elefante en cacharrería, sino dar una oportunidad a la gente, un voto de confianza”, ha apuntado Rodríguez, aunque posteriormente ha señalado que, “al leer el sumario del caso Imelsa supimos que habían sido beneficiarios de nóminas VIP en las que cobraban productividades sin control, entre 6.000 y 8.000 euros”.
Sobre José Luis Vera
Rodríguez ha mencionado en decenas de ocasiones a José Luis Vera, ex responsable jurídico de la Diputación de Valencia y de Divalterra y considerado uno de los cabecillas en otra causa de corrupción basada en operaciones urbanísticas, como es el caso Azud.
“Fue Orengo quien me recomendó su contratación, yo no le conocía de nada. Habían trabajado juntos en Gandia (municipio del que Orengo fue alcalde). Me dijo que Vera había sido magistrado sustituto de la Audiencia Provincial, que había trabajado en causas importantes de corrupción, que daba clases en la UV, que conocía las empresas públicas, había sido director general…”.
“(Vera) me dijo que tenía buena relación con el fiscal del caso Imelsa -el mismo que ejerce en la presente causa, Pablo Ponce- Me lo dijo en un correo electrónico de octubre de 2016 que sorprendentemente no ha sido seleccionado por la UDEF. Viene a decirme en ese correo que se había reunido con Ponce y que no iba a oponerse a la disolución de Imelsa”, ha añadido.
En referencia a los contratos de altos directivos, Rodríguez ha insistido en que “quienes tomaron todas las cautelas fueron los gerentes de Divalterra, Tiller y Brines, junto con Vera, que pidieron al catedrático Carlos Alfonso Mellado un informe sobre el convenio de los trabajadores y otro sobre los contratos de alta dirección. En ambos casos se pronunció de forma favorable -el documento está en la causa-. Pellicer (denunciante del caso) no dijo nada”, ha asegurado.
Los directivos contratados
Sobre los altos directivos que finalmente fueron contratados, ha asegurado que únicamente conocía a Salvador Femenía porque era alcalde de Alquería de la Comtessa y a Miguel Ángel Ferri porque había sido responsable de una escuela-taller en Ontinyent que “ya funcionaba con el anterior gobierno del PP”.
“Pellicer conocía esos contratos porque acompañó a Vera a hablar con el catedrático Alfonso Mellado. Nadie puso en duda nada relativo a estos contratos, ni siquiera la oposición”, ha concluido.
Edición web: Macarena Lázaro
