Madrid (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España, cuya función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Está compuesto por un presidente y 20 vocales, y lleva cuatro años bloqueado.
El PP suspendió el pasado mes de octubre las negociaciones abiertas con el PSOE para renovarlo. El motivo fue que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo la intención de reformar el delito de sedición. Los socialistas, por su parte, acusaron al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de “no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria”.
Esta situación empeoró aun más con la propuesta del Gobierno de designar magistrados del Tribunal Constitucional a dos ex altos cargos del Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez, entre acusaciones de autoritarismo del PP: “El Gobierno se nombra a sí mismo magistrado”.
Y puso la guinda el enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la intención de PSOE y Unidas Podemos de aprovechar la reforma del Código Penal para introducir enmiendas que permitan sortear el bloqueo que un grupo de vocales del CGPJ está haciendo para impedir la renovación del Constitucional.
Precisamente, el PP presentó un recurso de amparo ante el Constitucional en el que pedía frenar con medidas cautelarísimas los cambios que se pretendían aprobar a través de estas enmiendas.
El Tribunal Constitucional paralizó, como había solicitado el PP, la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, aprobados ya por el Congreso y que estaban pendientes de votarse en el Senado, en una decisión sin precedentes en la corte de garantías.
Este martes, además, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha fracasado en su intento de nombrar a los dos magistrados para el Tribunal Constitucional al no conseguir la mayoría para ninguno de los tres candidatos propuestos, por los vetos cruzados de los progresistas y conservadores a los aspirantes del otro.
La dimisión de Carlos Lesmes, puntos de inflexión
Recientemente, los dos partidos habían acercado posturas tras cuatro años de bloqueo. El punto de inflexión llegó el pasado 10 de octubre, cuando Carlos Lesmes formalizó su renuncia como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Lo hizo tras la imposibilidad de PP y PSOE de alcanzar un acuerdo.
Venía anunciando su dimisión desde hace más de un mes. Tras casi nueve años en el cargo, ante la ausencia de movimiento en las negociaciones entre Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar un Consejo en funciones, Lesmes dijo adiós.
El 13 de octubre, el Pleno del Consejo eligió al progresista Rafael Mozo, el vocal más antiguo, como el nuevo presidente de este órgano en sustitución de Lesmes, si bien será presidente “en suplencia” del organismo y tendrá poderes limitados.
Europa también está preocupada. Bruselas considera que la dimisión de Lesmes “reafirma una vez más la urgencia” de encontrar una solución para renovar el órgano de gobierno de los jueces en España.
La falta de acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el Consejo es la principal causa de este bloqueo, pero veamos con más detalle qué ha pasado para llegar a esta situación.
Bloqueo: 2 vacantes y nombramientos pendientes
En diciembre, los vocales del CGPJ han cumplido nueve años en el cargo, y cuatro de ellos están en funciones. Además, el órgano tiene ya dos vacantes y acumula decenas de nombramientos pendientes.
La ley establece que el CGPJ lo componen veinte vocales -doce jueces y ocho juristas- y todos son elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento, diez por el Congreso y diez por el Senado, lo que exige el acuerdo del PSOE y el PP.
En el caso de los jueces, diputados y senadores deben escoger nombres de una lista de candidatos elegidos previamente por los propios jueces. El cambio de este sistema para que sean los propios jueces quienes designen directamente a esos doce vocales es una de las demandas que está sobre la mesa.
El PP ha puesto el acento en dos aspectos: que las decisiones que tome el CGPJ pasen a ser por mayoría de tres quintos para que no se pueda hablar ya de mayoría progresista o conservadora y en los “requisitos de idoneidad” para despolitizar la justicia al elegir a los vocales.
Los vocales del CGPJ designan al presidente, pero normalmente su nombre se incluye en el pacto político previo.
En estos momentos solo hay 18 vocales, ya que el magistrado Rafael Fernández Valverde se jubiló en marzo y el pasado junio falleció la magistrada Victoria Cinto.
La Constitución marca que el mandato de los vocales es de cinco años. El de este CGPJ acabó en diciembre de 2018, por lo que desde entonces sigue en funciones.
Su composición actual responde pues a las mayorías parlamentarias de hace nueve años. Nueve de los vocales fueron propuestos por el PP y seis por el PSOE. Izquierda Unida, CiU y PNV propusieron un nombre cada uno.
La comisión permanente del CGPJ, su órgano central, está compuesta por el presidente y siete vocales. Estos vocales rotan anualmente y tienen dedicación exclusiva. La ley fue reformada en 2018 para que los veinte vocales tengan esa dedicación exclusiva, pero como el órgano todavía no se ha renovado, siguen las reglas antiguas.
Cuáles son las funciones del CGPJ
Entre sus funciones está designar a los magistrados del Supremo y de los presidentes de tribunales y salas, nombramientos discrecionales que, desde la reforma legal que impulsaron los socialistas el año pasado, no pueden acordar mientras esté en funciones.
El CGPJ debe nombrar también a dos magistrados del Tribunal Constitucional.
Tras recortar las competencias hace más de un año, los socialistas dieron marcha atrás para incluir en la ley una excepción: aun estando en funciones, los vocales sí pueden y deben elegir a los magistrados del Constitucional, proceso en el que se hayan inmersos actualmente, aunque ya han superado el plazo que les marcó la ley.
El Constitucional frena los cambios en el Poder Judicial e impide que el Senado los vote
Precisamente, el grupo socialista y Unidas Podemos aprovecharon la reforma del Código Penal para introducir enmiendas que permitieran sortear el bloqueo que un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está haciendo para impedir la renovación del Tribunal Constitucional.
El Constitucional ha paralizó, como había solicitado el PP, la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, aprobados ya por el Congreso y que estaban pendientes de votarse en el Senado este jueves, en una decisión sin precedentes en la corte de garantías.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Pleno extraordinario del tribunal, convocado para estudiar esta cuestión, ha estimado la medida cautelarísima solicitada por el PP gracias a la mayoría conservadora del tribunal, que ha hecho valer sus seis votos frente a los cinco del bloque progresista.
Se trata de una decisión histórica, sin precedentes en nuestra democracia habida cuenta de que es la primera vez que el Constitucional paraliza una ley en tramitación en el Parlamento.
Bicefalia en el Poder Judicial: Mozo al CGPJ y Marín al Supremo
El Poder Judicial tendrá una bicefalia puesto que Rafael Mozo presidirá interinamente el órgano de gobierno de los jueces y Francisco Marín Castán hará lo propio en el Tribunal Supremo.
El 18 de octubre, el Tribunal Supremo rechazó suspender de forma preventiva el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras se resuelven los recursos contra su designación.
Según informaron a Efe fuentes del Supremo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó la medida cautelarísima de suspensión del acuerdo del Pleno del CGPJ que designó a Mozo como nuevo presidente del órgano de gobierno de los jueces y que reclamaban el vocal Wenceslao Olea y el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito, en sendos recursos contra ese nombramiento.
Mozo se convierte así en un caso único en la historia de la institución: presidente suplente, que llega al puesto tras la dimisión del titular, del que hereda el cargo pero no todas sus funciones, y aupado por sus compañeros, que sitúan así a un progresista en un organismo dominado por conservadores.
Nadie podía imaginar en diciembre de 2018, cuando venció el plazo para renovar el CGPJ, que Lesmes sería sustituido por un vocal de su propio Consejo, ya caducado, y con una importante interinidad en sus funciones, como así han acordado los vocales.
¿Qué ocurre ahora con el Tribunal Constitucional?
El 29 de noviembre, el Ejecutivo remitió al Constitucional el acuerdo con su propuesta de designación de Juan Carlos Campo y Laura Díez como futuros magistrados de este órgano para que confirme su idoneidad antes de aprobar próximamente su nombramiento por real decreto.
Con la elección de sus dos magistrados para el Constitucional, el Gobierno aumenta la presión hacia el CGPJ para que nombre de una vez a sus dos jueces y se renueve así el tercio que corresponde del TC, que, a su vez, pedirá por carta al Consejo que le comunique a la mayor brevedad posible sus candidatos.
Cinco meses después de aprobar la reforma que devuelve al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la competencia para adoptar sus nombramientos al TC, el Gobierno se ha cansado de esperar y ha dado un paso al frente con una maniobra que se entiende como una medida de presión al CGPJ ante las dilaciones del sector conservador para culminar los nombramientos.
PSOE y Unidas Podemos han aprovechado la reforma del Código Penal para introducir enmiendas que permitan sortear el bloqueo que un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está haciendo para impedir la renovación del Tribunal Constitucional.
Se trata de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluso introduce la posibilidad de castigar con responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como está ocurriendo en estos momentos.
Cronología de un ultimátum indeseado
– 7 de septiembre: Cuarta apertura del año judicial con bloqueo en la renovación. Lesmes advierte de que dimitirá si los políticos no pactan ante el “estropicio” sin precedentes de la Justicia.
– 8 de septiembre: El Pleno del CGPJ no acuerda los nombramientos para el Tribunal Constitucional, limitándose a fijar las normas para la elección de los dos magistrados.
– 13 septiembre.- El plazo legal para que el CGPJ proponga sus dos magistrados para renovar el Constitucional vence sin haber arrancado siquiera las negociaciones entre los bloques conservador y progresista del Consejo. El Gobierno señala que esperará a que los vocales alcancen un acuerdo.
– 21 septiembre.- Tras concluir sin avances una nueva reunión de los vocales del CGPJ que negocian los nombramientos de dos magistrados del Constitucional, Lesmes fija el 3 de octubre como fecha límite para un acuerdo.
– 29 y 30 de septiembre: El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visita España y urge a los partidos a renovar “rápidamente” el Poder Judicial y después iniciar una reforma del modelo para cambiar el sistema de elección. Mientras, concluye sin acuerdo un nuevo pleno del CGPJ para abordar los nombramientos del Constitucional.
– 5 de octubre: La tercera reunión entre los vocales del Poder Judicial que negocian los nombramientos de dos magistrados del Constitucional fracasa después de que los conservadores sigan dilatando el proceso bajo la tesis de que no han encontrado candidatos en el Supremo tras un mes de gestiones. El sector progresista anuncia que explorará “vías alternativas” para cerrar un acuerdo.
– 6 octubre.- Lesmes convoca un Pleno extraordinario para el 13 de octubre para “evaluar” los resultados de las negociaciones para renovar el Constitucional y, en su caso, “valorar las posibles candidaturas”.
– 9 de octubre: Lesmes anuncia a última hora de la tarde del domingo que formalizará su renuncia un día después, evidenciando una crisis institucional sin precedentes en nuestra democracia.
– 12 de octubre: El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el real decreto por el que se dispone el cese “por renuncia” de Carlos Lesmes Serrano como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
– 13 de octubre: Rafael Mozo sustituye a Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
-18 de octubre: El Tribunal Supremo rechaza la suspensión preventiva del nombramiento de Rafael Mozo.
– 27 de octubre: El Partido Popular decide suspender las negociaciones con el Gobierno aludiendo que el presidente, Pedro Sánchez, mantiene su intención de reformar el delito de sedición.
– 29 de noviembre: El Ejecutivo remite al Constitucional el acuerdo con su propuesta de designación de Juan Carlos Campo y Laura Díez como futuros magistrados de este órgano.
– 15 de diciembre: El pleno del Congreso de los Diputados aprueba la reforma del Código Penal que conlleva la derogación del delito de sedición y el cambio de modelo en la elección de magistrados del Constitucional después de que este órgano haya evitado paralizar de forma cautelarísima la tramitación de la ley.
– 19 de diciembre: El Constitucional paraliza, como había solicitado el PP, la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, aprobados ya por el Congreso y que estaban pendientes de votarse en el Senado este jueves, en una decisión sin precedentes en la corte de garantías.
– 20 de diciembre: Los vetos entre progresistas y conservadores del CGPJ impiden renovar el Tribunal Constitucional.
Edición web: Nuria Santesteban
