Bruselas (EFE).- La presidenta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, Esperanza Casteleiro, se ha amparado este martes en la ley de secretos oficiales para no responder a las preguntas que le han planteado los eurodiputados en la comisión de investigación sobre el programa Pegasus que ha creado la Eurocámara.
Existe “la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo, puesto que no lo puedo hacer en ningún otro lugar que no sea la comisión de secretos oficiales del Parlamento español, tal y como también prevé nuestra ley”, ha dicho Casteleiro en su intervención telemática ante la Eurocámara, que hoy ha analizado el caso español.
La directora del CNI ha asegurado, no obstante, que intentará “contestar por escrito” a las 28 preguntas que le plantearon los eurodiputados para las que la ley “no exija secreto”.
La más repetida ha sido la relativa a si el CNI ha contratado el programa Pegasus a la empresa israelí NSO, cuestión que le plantearon a Casteleiro tanto el expresidente catalán Carles Puigdemont, como los eurodiputados de ERC Jordi Solé i Diana Riba, el representante de C’s Jordi Cañas o la eurodiputada liberal Sophie” in ‘t Veld, ponente del informe que aprobará la comisión Pegasus.
Autorización judicial
Durante su exposición inicial, Casteleiro ha señalado que “todas las actividades del CNI están regidas por el principio de legalidad” y requieren una “autorización judicial previa”.
“Todos los expertos, sin excepción, que han comparecido en esta comisión hablando de Pegasus o de Candiru, han señalado que se trata de herramientas desproporcionadas y sin ningún tipo de limitación”, ha apuntado, sin embargo, Puigdemont.
“¿Cómo puede hacer compatible el uso de herramientas que permiten un uso desproporcionado y sin límites con una norma que les obliga a ser proporcionales y tener limitaciones?”, ha preguntado el eurodiputado de JxCAT.
El expresidente de la Generalitat también ha querido saber si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministerio del Interior, tuvieron acceso a los informes de las personas espiadas o si aún se está espiando a sus abogados.
“¿Si un presidente de una región, digamos Cataluña, se reuniera con un emisario, digamos ruso el día antes de proclamar la independencia, ustedes deberían estar atentos por si eso vulnerara los principios constitucionales, atacase la democracia y violase los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos catalanes y del resto de España?”, ha preguntado por su parte Cañas.
Falta de colaboración del Gobierno español
La comisión de investigación de la Eurocámara sobre el caso Pegasus ha examinado hoy el caso de España, después de que In ‘t Veld señalase en el borrador de su informe que el Gobierno español era probablemente el responsable de espiar a los 65 independentistas catalanes, algunos de sus abogados y sus familiares.
Ese documento, que esta tarde debatirán los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo, dice también que dada la falta de cooperación del Gobierno español, no se ha podido probar el supuesto riesgo para la seguridad nacional que alega el Ejecutivo para espiar a los políticos catalanes y atribuye a Marruecos las escuchas a los teléfonos del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En la sesión de hoy ha participado también Andreu van den Eynde, abogado del líder de ERC, Oriol Junqueras, quien ha denunciado que la investigación judicial de las escuchas al Gobierno es más rápida que la que se está realizando en el ‘Catalangate’.
También ha intervenido el periodista de El Confidencial Ignacio Cembrero, a quien Marruecos espió con el programa Pegasus, quien ha afirmado que si el Gobierno español reconoció que ha sido espiado fue “probablemente para atenuar el impacto del ‘Catalangate’, para decir que había víctimas de ambos lados”. E
