Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados ha convocado un segundo pleno este jueves para dejar zanjada en la Cámara Baja la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y que reforma el de malversación, con el fin de que pase su tramitación al Senado y sea aprobada antes de que finalice el año.
La Junta de Portavoces ha aprobado este martes un nuevo orden del día para que tras el pleno del jueves que debate la convalidación de las medidas de protección a los hipotecados vulnerables y el dictamen sobre la nueva ley del aborto -entre otras iniciativas- se inicie una segunda sesión plenaria con un único orden del día: el debate y votación del dictamen de la ley que deroga la sedición.
La proposición de ley de Unidas Podemos y PSOE se ha tramitado en la Cámara Baja en menos de un mes para entrar la próxima semana en el Senado. La Cámara Alta ha dispuesto un calendario para la tramitación urgente de la reforma que permitirá aprobar definitivamente esta polémica modificación legal en tan solo una semana, en el pleno que celebrará el jueves 22 de diciembre.
Si como es previsible el pleno del Congreso avala este jueves estos cambios del Código Penal, la reforma llegará el viernes 16 al Senado, lo que supone que sería ratificada quedaría lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en solo una semana, salvo el caso improbable de que se enmendada.
La reforma, aprobada en Comisión en el Congreso
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la reforma que elimina el delito de sedición del Código Penal y lo convierte en uno de desórdenes públicos agravados y que rebaja a 4 años la pena máxima del de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, como acordaron ayer por la tarde el PSOE y ERC.
Con 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV), 17 en contra (PP, Vox, Cs, JxCat y CUP) y una abstención (EH-Bildu), la Comisión ha avalado una amplia reforma del Código Penal que afecta de lleno a los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del “procés” y por los que está procesado el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
El texto incluye también cambios en el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando elige a los magistrados del Tribunal Constitucional para sortear el actual bloqueo.
Una reforma para “recuperar puentes rotos” en Cataluña
Los socios del gobierno han aprovechado la reforma además para introducir un delito de enriquecimiento ilícito y reformar el Código Penal en relación al de desórdenes públicos y en materia laboral, al castigar con cárcel, por ejemplo, la contratación de falsos autónomos.
El portavoz socialista, Francisco Aranda, ha defendido el “ejercicio reglamentario y democrático” de su capacidad legislativa y ha recordado que el objetivo del Gobierno es “recuperar puentes rotos” en Cataluña. Frente a quienes alertan de que la rebaja de la malversación puede dañar la lucha contra la corrupción, ha querido dejar claro que en ningún caso se despenaliza el desvío de fondos públicos.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado en Toledo “muy contrario” al acuerdo entre el PSOE y ERC y ha señalado que “no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena” y que el Código Penal no se puede hacer “a la medida de los culpables”.
La oposición acusa al Gobierno de demoler el pacto de la Transición
El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha acusado al Gobierno de “tender un puente de plata a Junqueras” para que pueda ser candidato a la Generalitat y se ha mostrado convencido de que Sánchez, “cautivo” de sus alianzas, pasará a la historia “por deconstruir España y demoler el pacto de la transición”.
“Es un claro y evidente golpe de Estado institucional”, ha afirmado el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha denunciado además un “fraude procesal”, ya que los servicios jurídicos de la Cámara alertaron, sin éxito, de que las enmiendas relativas al CGPJ y al Constitucional eran impropias de la reforma en curso.
Para Ciudadanos se trata de “uno de los más graves atentados de la historia de la democracia” y su portavoz, Edmundo Bal, ha advertido además de que beneficiará no solo a Junqueras o Puigdemont, sino también a políticos como José Antonio Griñán (PSOE), condenado por los ERE, o Jorge Fernández Díaz (PP), procesado por el caso Kitchen.
Unidas Podemos apoya la reforma aunque ve “sombras”
Unidas Podemos apoyó ayer tarde la rebaja de la malversación, pero este martes el presidente del grupo, Jaume Asens, no ha dicho ni una palabra sobre ese punto. En términos generales, ha dicho, la “reforma es positiva”, aunque persisten “sombras” sobre el delito de desórdenes.
Desde el PNV, Mikel Legarda ha considerado que se trata de un paso en la buena dirección para desjudicializar el procés, la misma tesis de EH-Bildu, que confía todavía en mejorar la reforma, y de PDeCAT.
Sin embargo, Josep Pagès, de JxCat, ha rechazado una iniciativa que sigue considerando sedicioso el 1-O, mismo argumento de la CUP para rechazar la proposición.
El Govern celebra la reforma de la malversación: “En el 1-O no hubo delito”
La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, ha mostrado la “satisfacción” del Govern por un acuerdo para reformar el Código Penal que hará “más difícil” que la justicia pueda “perseguir y castigar” al independentismo, y ha asegurado que en el 1 de octubre “no se cometió ningún delito”.
En rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo catalán, Plaja ha opinado que estas reformas no significan que “ahora tengamos un Código Penal ejemplar”, pero sí ha opinado que con la derogación de la sedición y la reforma de la malversación se “limita la persecución a la disidencia política”.
La portavoz ha afirmado que el objetivo del gobierno catalán “nunca ha sido suprimir la malversación”, ya que “siempre se ha de castigar la corrupción política y a quienes busquen lucrarse”, pero sí se buscaba cambiar un Código Penal que “castigaba al independentismo bajo el paraguas de una falsa malversación”.
