Madrid (EFE).- El Constitucional resuelve este lunes si frena la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio tribunal de garantías, aprobados por el Congreso y pendientes de votarse en el Senado, a riesgo de provocar una crisis institucional sin precedentes en democracia.
Lo hará en un pleno extraordinario, inicialmente convocado el pasado jueves, que el presidente, Pedro González-Trevijano, aplazó a instancias de un escrito de los cinco magistrados progresistas.
El sector progresista logró posponer el pleno con el argumento de disponer del “tiempo indispensable” para estudiar la cuestión, tras el goteo de informes presentados entre la noche del miércoles y la mañana del jueves por PSOE, Vox y Unidas Podemos.
El aplazamiento permitió aprobar la reforma en el Congreso
Ello permitió a los progresistas ganar tiempo y que el Congreso aprobara aquella tarde las enmiendas incluidas en la proposición de ley que deroga la sedición, que era justo lo que pretendía evitar el PP con su petición al Constitucional de medidas cautelarísimas.
Pero no se ha desactivado la amenaza de paralizar la reforma legal, que el Senado tiene previsto debatir el martes en la Comisión de Justicia para aprobarla en pleno el jueves, toda vez que el ponente Enrique Arnaldo, propuesto por el PP para ser magistrado del Constitucional y que ha colaborado con FAES, es partidario de frenar la tramitación.
Así las cosas, el pleno del lunes tendrá que resolver sobre la admisión a trámite del recurso del PP y, las cautelarísimas, pero previamente habrá un capítulo inicial abierto por Unidas Podemos, que ha pedido la recusación del presidente del tribunal y del magistrado Antonio Narváez.
Ambos están afectados directamente por las enmiendas que el PP quiere paralizar, ya que se han diseñado para facilitar la renovación de magistrados con el mandado caducado y ambos saldrían el tribunal.
Las recusaciones, clave para inclinar la balanza
Lo que hay que resolver es, primero, si se admiten o no a trámite esas recusaciones, salvo que ellos mismos opten por abstenerse del proceso, algo que incluso pueden pedir otros magistrados.
De hecho, fuentes jurídicas señalan a EFE que es imperativa la abstención de los dos magistrados afectados por la ley, porque se pretende suspender una norma que determina directamente su cese.
Dada la fragmentación del tribunal en este asunto, si se abstienen los números serían favorables al sector progresista, por cinco a cuatro, por lo que esta cuestión puede resultar crucial para el desenlace de la cautelarísima y del fondo del recurso.
Ahora bien, si no se abstuvieran y se admitieran a trámite las recusaciones, habría que nombrar un ponente para redactar una resolución relativa a los dos magistrados, una cuestión que por normal general lleva meses.
Los posibles escenarios: TC, CGPJ y Senado
A ello se suma que Vox ha seguido los pasos del PP y pide la suspensión de la iniciativa parlamentaria, mientras que el grupo socialista y Unidas Podemos solicitan personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier cautelar que afecte al trámite legislativo.
A la espera de lo que decida el TC, el Senado ya ha incluido la proposición de ley en su agenda semanal.
Porque el TC puede bien denegar la cautelarísima, en cuyo caso la reforma podría ser aprobada de forma definitiva el jueves en la Cámara Alta, o estimarla e impedir la tramitación de la iniciativa, lo que desencadenaría una crisis institucional sin precedentes.
Y todo ello con un pleno del Consejo General del Poder Judicial 24 horas después, en el que previsiblemente se nombren a los dos magistrados que debe designar el órgano de gobierno de los jueces. Con ello se podría evitar que la crisis entre los poderes del Estado saltara por los aires y, al mismo tiempo, convertir en estéril la votación en el Senado.
