Madrid (EFE).- El Senado culminará este jueves la polémica reforma del delito de sedición y malversación sin incluir la modificación de las leyes del Poder Judicial y del Constitucional -suspendida por este tribunal- y sin saber si la exclusión de ambas disposiciones obliga a remitir la norma al Congreso para su aprobación definitiva.
Tras la segunda reunión de la Mesa del Senado celebrada esta mañana, la vicepresidenta de la Cámara Alta, Cristina Narbona, ha explicado en rueda de prensa que no podía confirmar ni desmentir que la proposición de ley que presumiblemente será aprobada por el pleno el próximo jueves 22, sin las disposiciones ya retiradas, tendrá que volver al Congreso de los Diputados.
La clave del asunto estriba en que cualquier cambio introducido por el Senado en una norma tramitada debe ser después avalado o rechazado por el Congreso antes de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); pero las modificaciones de este dictamen vienen en este caso obligadas por el TC y por tanto no tendrían consideración de enmiendas incorporadas al texto.
El PP cree que la reforma no tiene que volver al Congreso
Así las cosas, tanto el grupo popular en el Congreso como en el Senado sostienen que la proposición no tiene que volver a la Cámara Baja, de modo que tras su aprobación el jueves quedaría lista para su publicación en el BOE, al margen del destino que en el futuro espere a los preceptos que motivaron las medidas cautelarísimas pedidas por el PP en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La Mesa del Senado, eso sí, ha estudiado las tres peticiones cursadas por el PP, Vox y Ciudadanos para suspender la tramitación de toda la proposición de ley, y no solo de las partes retiradas por orden del TC, y ha decidido solicitar un informe a los servicios jurídicos de la institución.
De hecho, al comienzo de la sesión plenaria el senador de Vox José Manuel Marín ha advertido de que su grupo había instado a la Mesa a la suspensión completa de la tramitación, escrito reiterado esta misma mañana con una solicitud de reconsideración cuando decidió continuar con el debate de la proposición, y sin haber obtenido respuesta.
El presidente del Senado, Ander Gil, le ha informado de que la cuestión se ha debatido efectivamente en la Mesa, que ha acordado recabar un informe a los servicios jurídicos antes de adoptar una decisión; en todo caso, le ha recordado que la presentación de estos escritos no tiene carácter suspensivo.
Por otra parte, en su rueda de prensa Cristina Narbona ha puesto énfasis en que la sesión plenaria que ha comenzado esta tarde se celebra “en un contexto extremadamente delicado” del funcionamiento parlamentario y ha recordado que la Mesa ha decidido personarse en el procedimiento abierto por el Tribunal Constitucional “como parte afectada”, eso sí, después de acatar su decisión adoptada ayer.
También ha hecho hincapié, al aludir a lo insólito de esta medida, que la suspensión por parte del Constitucional de la Declaración Unilateral de Independencia (DIU) que el pleno del Parlament acordó en 2017 “no tiene nada que ver” con la situación actual, porque entonces el tribunal ya se había pronunciado sobre su inconstitucionalidad, cosa que ahora no ha sucedido.
