Madrid (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este martes su segundo pleno extraordinario en siete días para abordar los nombramientos de dos magistrados del Constitucional y una renovación de cargos que lleva pendiente desde junio.
Se trata de un nuevo intento para salvar una crisis que ha fracturado en dos al órgano de gobierno de los jueces y que los socios del Ejecutivo pretenden desencallar mediante una ley que cambie las mayorías necesarias para sacar adelante la votación.
Una semana después de que fracasasen las primeras votaciones para renovar a los dos magistrados del TC que le corresponde nombrar al Consejo, el CGPJ vuelve a reunirse en un nuevo pleno extraordinario a partir de las 16.30 horas con tres candidatos encima de la mesa: José Manuel Bandrés, propuesto por el bloque progresista; y César Tolosa y María Luisa Segoviano, por el conservador.
Segoviano, magistrada, ya jubilada, que se convirtió en la primera presidenta de una Sala del Tribunal Supremo, es la nueva propuesta formulada por el sector conservador para forzar al progresista a llegar a un acuerdo, aunque las posiciones parecen igual de enconadas.
Bandrés, linea roja para los conservadores
El bloque progresista sigue manteniendo al candidato que eligieron desde un principio, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, quien, sin embargo, supone una línea roja para los vocales conservadores al ver en él un perfil próximo al Gobierno.
Las propuestas de este segundo bloque eran César Tolosa y Pablo Lucas, nombre que ahora ha eliminado de su lista para incluir el de Segoviano, que también pareció estar entre los perfiles que gustaban al sector progresista.
Algunos vocales ven clave el perfil de Segoviano para tratar de acercar posturas entre ambos bloques, pero otros dan por seguro que las posiciones están igual de separadas que siempre.
Entre tanto, se espera que esta semana se conozcan los argumentos por los que el TC paralizó, de manera cautelarísima y a petición del PP, la tramitación parlamentaria de dos enmiendas a la reforma del Código Penal que pretendían modificar el sistema de elección de los miembros del tribunal.
Y también es previsible que los socios de Gobierno presenten una proposición de ley con la que encauzar de nuevo esa reforma y así desencallar la crisis constitucional.
