Madrid, 10 ene (EFE).- El juez que investiga el caso Acuamed, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si tiene que hacer alguna modificación a raíz de la reforma del Código Penal que rebaja algunas penas del delito de malversación y que entrará en vigor este jueves.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acuerda prorrogar tres meses la instrucción de esta causa para dar tiempo a la Fiscalía a pronunciarse ante esta reforma, que sería sobre el primer caso de corrupción sobre el que lo haría tras su aprobación.
Según el juez, la entrada en vigor de la reforma, aprobada a finales de diciembre, “podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede la transformación a sumario”.
Además, “de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria”, una diligencia, dice García Castellón, que no debería verse “afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción”.
La posibilidad de tener que citar de nuevo a los procesados, la necesidad de “tener un marco adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción, unido a las “excepcionales circunstancias generadas por la reciente modificación legal, determinan la oportunidad de decretar” una nueva prórroga de la instrucción, explica el juez.
El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto desvío de fondos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Fiscalía fijará un criterio único para revisar las condenas por malversación
La Fiscalía General del Estado fijará un criterio único que aplicar en las revisiones de las condenas por malversación, con “celeridad” pero también buscando “consenso”, una vez entre en vigor la reforma del Código Penal que reduce las penas por ese delito cuando no existe ánimo de lucro.
La pauta que establecerá la Fiscalía General pretende fijar los criterios en los casos de causas abiertas por malversación y, especialmente, en las revisiones de las condenas por ese delito dictadas de acuerdo con reforma de 2015, cuando se suprimió el requisito del ánimo de lucro en el tipo penal.
La nueva ley, que establece una pena máxima de cuatro años cuando no esté probado el ánimo de lucro, puede propiciar la revisión a la baja de las condenas que se hayan impuesto de acuerdo con la reforma de 2015, impulsada por el PP.
El Gobierno confía en los jueces para que la corrupción no quede sin castigo
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido este martes en que con la última reforma del Código Penal no se ha despenalizado ningún tipo de malversación y ha mostrado su “confianza plena” en que en los jueces perseguirán el mismo objetivo de “no tolerar” esos comportamientos ilícitos.
Preguntada sobre si el Gobierno puede asegurar que no habrá rebajas de condenas, como ha ocurrido con agresores sexuales al entrar en vigor la conocida como la ley del solo sí es sí, la portavoz ha recordado que en el caso Acuamed todavía no hay condenados y que lo ocurrido es solo un “trámite procesal”.
“Lo que le puedo asegurar es que el Gobierno, lo que persigue con esta reforma, es penar todo tipo de corrupción”, también el enriquecimiento ilícito, hasta ahora no castigado, ha respondido.
Rodríguez ha insistido en que con la iniciativa aprobada a final del año pasado, con la que también se derogó la sedición, el otro delito por el que fueron condenados varios de los principales dirigentes del “procés”, no se despenalizó ningún tipo de malversación.
Lo que se hizo, según sus palabras, es un “ajuste” para diferenciar el caso del que “roba” dinero público del caso en el que se produce “desviación del presupuesto de forma irregular”, además de castigar a aquellos que se enriquezcan ilícitamente, “que hasta ahora se iban de rositas”.
En este contexto ha insistido en que el compromiso del Gobierno es “tolerancia cero” contra la corrupción y ha confiado en que en la aplicación de esta normas se perseguirá ese mismo objetivo.
