El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps regresa este lunes a la Audiencia Nacional. EFE/ Fernando Villar

Comienza el juicio contra Francisco Camps por el caso Gürtel

Madrid (EFE).- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha regresado este lunes a la Audiencia Nacional para ser juzgado por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.

El presidente del tribunal que juzga esta pieza de la macrocausa de corrupción, la última que afecta a Camps, optó por aplazar el juicio para evitar causar indefensión a los acusados que abriese la puerta a la nulidad del procedimiento.

Todo ello debido a que algunas defensas no habían podido acceder a parte de la documentación del caso, como un escrito presentado por la Generalitat apenas unos días antes de la vista en el que modificaba sus conclusiones provisionales.

De este modo, el expresidente valenciano ha vuelto a una de las últimas filas del banquillo de los acusados, donde se sentó la semana pasada apenas los veinte minutos que duró la jornada, acusado de los delitos de prevaricación y fraude por los que la Fiscalía reclama una condena de 2 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para él.

Varios acusados han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía


Camps está acusado de dar instrucciones para que se adjudicase a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de un expositor del pabellón de la Comunidad en la feria de Fitur de 2009 por 366.529 euros.

Junto a él son juzgados más de una veintena de acusados, incluidos varios ex altos cargos de su gobierno, y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.

Estos tres últimos forman parte de la decena de acusados que han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en busca de reducciones en sus peticiones de condena; también lo han hecho ex altos cargos de la Generalitat como Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort.

Anticorrupción sostiene que las empresas de Gürtel se asentaron en la comunidad en 2003 para “aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció” Camps y “una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos”.

También afirma que, en el caso de Fitur 2009, la adjudicación se produjo para “contentar” a la trama por la deuda que tenía Orange Market con el PP por la organización de actos del partido y que otros acusados se concertaron con el expresident para que “dispusiera lo necesario para que el contrato” fuera para esa mercantil.

Comienza el juicio contra Francisco Camps por el caso Gürtel
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps realiza declaraciones a los periodistas a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/ Fernando Villar

Camps denuncia una “persecución feroz” y “pactos obscenos” de Anticorrupción

A su llegada este lunes a la Audiencia Nacional, Camps ha denunciado una “persecución feroz” de la Fiscalía Anticorrupción y sus “pactos secretos y obscenos” y ha asegurado: “No temo absolutamente nada”.

“Jamás he temido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción”, ha subrayado en declaraciones a los periodistas antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.

Camps ha vuelto a cargar duramente contra el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, por perseguirle también de manera “feroz” y le ha instado a ser “valiente” para ponerse delante de los medios de comunicación y dar explicaciones.

El expresidente valenciano ha denunciado los “pactos secretos y obscenos” de la Fiscalía Anticorrupción con algunas personas y ha insistido en que es una obscenidad que el Ministerio Público “busque a personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que se piden muchas veces”.