Madrid (EFE).- Las empresas no cotizadas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de volumen de negocio anual tendrán hasta julio de 2026 para tener en sus órganos de decisión un 40 % de mujeres como mínimo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley para asegurar la paridad en los futuros gobiernos y en las direcciones de las grandes empresas, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado que en el caso de las direcciones y consejos de administración de las cotizadas se deberá cumplir con ese porcentaje antes del 1 de julio de 2024.
En el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones, explica el Gobierno en una nota, lo que acarreará una sanción que determinará la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en función de la gravedad y que, a modo de ejemplo, podría ir desde 300.000 euros al 2 % de los recursos propios.
El principio de representación equilibrada, que ningún sexo tenga una representación inferior al 40 %, aplicará también a las candidaturas electorales y a los miembros del Gobierno, como ya había anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, así como a los colegios profesionales y a los jurados de premios o reconocimientos de carácter público.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio de “representación equilibrada” en los próximos cinco años.
La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal
La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal. En el caso de entidades de interés público, consejos generales y colegios profesionales que no cumplan el umbral del 40 % tendrán que justificar los motivos y corregirlo.
La norma obliga así a presentar listas cremallera en los procesos electorales y a que ningún sexo tenga una representación inferior al 40 % en el Consejo de Ministros.
Calviño ha dicho que con esta norma España se consolida como uno de los países “más avanzados” en igualdad de género y ha destacado que supone ir más allá de la directiva europea tanto en plazos como en objetivos.
“Los avances sociales se logran con leyes”, ha incidido.
Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3 % (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6 % en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha destacado la importancia de que la paridad quede por ley para futuros Ejecutivos.
“El Gobierno afortunadamente tiene muchas voces de mujer y de lo que se trata es que no sea por convicción, como lo ha sido en el caso del presidente Pedro Sánchez, sino que aquellos que no creen en la igualdad tengan la obligación de contar con el mismo número de mujeres que de hombres”, ha apuntado.
Calviño defiende la ley de paridad: pasamos de recomendaciones a obligaciones
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha defendido que la ley de representación paritaria permitirá que España pase de las “recomendaciones” a “establecer obligaciones” que consoliden la igualdad de género en los ámbitos de decisión político y económico.
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este martes, en vísperas del 8M, ha aprobado el anteproyecto de Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, una norma anunciada el sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busca asegurar la presencia femenina en los centros de decisión.
Una norma que el Gobierno ve necesaria por razones de justicia social, pero también de racionalidad económica. “Tenemos que aprovechar el cien por cien del talento femenino para mejorar la productividad de las empresas y tener un crecimiento más fuerte y más sostenido en el tiempo”.
Calviño ha subrayado que los puestos de alta dirección deberán “ajustar” los procesos de selección para que se alcance este objetivo y ha recordado que en la actualidad, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España no llega al 30 % y está por debajo del 20 % en el caso de los puestos de alta dirección.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que vestía una camiseta con una imagen de la histórica feminista Clara Campoamor, ha destacado que se trata de una ley pionera que vuelve a poner a España en la vanguardia de las políticas feministas del mundo.
Una propuesta “electoralista”
La propuesta de Sánchez, lanzada el fin de semana durante un acto del PSOE para celebrar el 8M, ha suscitado críticas en la derecha, que la tilda de electoralista.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Sánchez a “no imponer a los demás la paridad sino a sí mismo” y ha criticado que el Ejecutivo haya presentado como una “gran novedad” una ley que únicamente cumple con la obligación de trasponer una directiva europea que fue propuesta por el Partido Popular Europeo.
Asimismo, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que una ley como esta debe ser consensuada en el Parlamento y con los agentes sociales, ya que afecta al ámbito empresarial.
Desde Vox, la portavoz adjunta del partido en el Congreso, Inés Cañizares, ha tildado la norma de “propaganda sectaria” y la ha rechazado porque, en sus palabras, el Gobierno no puede dar “muchas lecciones por el buen trato a las mujeres”.
Por su parte, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha defendido la meritocracia como forma de llegar a los puestos de decisión y ha considerado que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no se consigue con cuotas sino con políticas eficaces y eficientes.
Por el contrario, las ministras socialistas celebran la iniciativa, que, en palabras de la titular de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, será vista por el contexto internacional como una ley “puntera”.
