Madrid (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado no descuidar la sanidad y otros servicios públicos, que han copado las principales quejas de los ciudadanos ante la institución, junto a los obstáculos para solicitar citas o trámites administrativos por los retrasos y la digitalización.
Gabilondo ha entregado este lunes en el Parlamento el “Informe Anual” de la institución en 2022, que radiografía las principales quejas de los ciudadanos que aumentaron en más de 2.000 respecto al año anterior, en su primer ejercicio de gestión al frente de la institución a la que llegó a finales de 2021.
“Los ciudadanos han insistido con sus quejas en que las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales, y también que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u ‘online'”, ha señalado el defensor.
Los asuntos que más preocuparon a los ciudadanos tuvieron que ver con la seguridad social y el empleo, la Justicia, la función pública, asuntos de Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, sanidad y la actividad económica.
Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunidad Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975), mismas comunidades que el pasado año.
La institución tramitó 31.452 expedientes -2.051 más que en 2021-, que dieron lugar a 2.498 resoluciones a las diferentes administraciones: 739 recomendaciones, 1.392 sugerencias, 365 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias.
Además, atendió personalmente a 37.210 ciudadanos (36.152 por teléfono y 1.058 presencial), inició 250 actuaciones de oficio y recepcionó 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional (sobre 11 leyes y decretos estatales y cinco leyes y decretos autonómicas).
Sobre los trabajos de la comisión independiente en relación a las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, Gabilondo ha comenzado ya a pedir información a las diócesis españolas y ha dicho que éste es “el momento de los hechos” y de comprobar cuál es el nivel de colaboración de esta institución.
Sanidad
La Atención Primaria sigue acumulando quejas por demoras de “varias días y hasta semanas” para recibir atención en consulta con personal médico o de enfermería, particularmente en grandes ciudades y zonas metropolitanas. También, por listas de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas con demoras de hasta 30 meses.
Personal sanitario, médicos y enfermeras acuden a la institución por la carga de trabajo que soportan, ante lo que el defensor ha recomendado el aumento de plantillas para equilibrar el esfuerzo del sistema en el nivel de la Atención Primaria.
Educación
Clama por el desigual acceso de las familias españolas al comedor escolar, cuya cobertura pide ampliar, y censura al Ministerio de Educación por denegar becas al alumnado cuyas familias superan el umbral de renta por el hecho de estar recibiendo ayudas de emergencia social.
Justicia
El Defensor vuelve a alertar de los retrasos en la administración de Justicia y pide que se tengan en cuenta a la hora de diseñar los nuevos órganos. Reclama también digitalizar y dotar de más medios al Registro Civil Central, una de las administraciones públicas más saturadas.
Ante el permanente colapso en la gestión de las peticiones de nacionalidad -140.000 personas la solicitan cada año-, pide abordar de manera eficaz este problema estructural. Ha recomendado además tramitación urgente para los expedientes de ucranianos.
Migraciones
Expresa su especial preocupación por los solicitantes de protección internacional y advierte de los problemas de identificación de las mismas porque es un factor clave para combatir su vulnerabilidad, de las dificultades para formalizar dichas solicitudes y de las demoras en los tramites administrativos.
El Defensor del Pueblo cuestiona de nuevo los rechazos en frontera de 470 migrantes durante el intento de salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 personas, en contra del criterio del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, que archivó su investigación al no ver indicios de delito.
Brecha digital y atención al ciudadano
La cita previa puede ser una vía preferente de atención al ciudadano, pero no un requisito absoluto, advierte la institución, que considera necesario disponer de medios alternativos al electrónico para obtener cita previa de acceso a oficinas de atención o de registro.
En este sentido, se ha dirigido al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) o la Dirección General de Tráfico, entre otros.
Advierte de que los requisitos que ponen las entidades financieras a extranjeros para abrir una cuenta básica de pagos hacen que “al menos parte de la población inmigrante” residente en España esté en riesgo de caer en la exclusión financiera.
Política social
Ha recibido muchas quejas por los retrasos en la valoración de la discapacidad por parte de las comunidades autónomas, con esperas de hasta dos y tres años en Canarias o en Asturias.
Alerta del desbordamiento de los servicios sociales por el aumento en gran parte de las intervenciones solicitadas, pero también por el aumento de sus funciones.
Medio ambiente
El defensor ha actuado de oficio para supervisar la puesta en marcha de las nuevas medidas establecidas por la legislación sobre la retirada del amianto de las instalaciones y emplazamientos que contengan ese material tóxico.
