Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La juez de Santa Cruz de Tenerife al cargo del “caso Mediador” ha aceptado que se personen en la causa las seis partes que han pedido ejercer la acción popular -PSOE, PP, Vox, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el partido local Fuerza Canaria y la asociación de consumidores Aguaiuris-, pero si conforman una sola acusación.
En un auto notificado ese miércoles, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres exige a las seis partes que han pedido ejercer la acusación que se personen de manera conjunta, con la dirección legal de un mismo letrado, presentando una sola querella y siempre que depositen con carácter previo una fianza de 2.000 euros.
La juez explica que toma esta medida en vista de la “complejidad” y el volumen de esta causa penal, con el fin de “evitar dilaciones o contradicciones durante la instrucción de la causa que pudieran dilatar su efectiva conclusión”.
Su decisión, no obstante, no es firme, ya que cabe formular recurso. De hecho, un portavoz de la AUGC ha anunciado EFE que piensan impugnarla, porque consideran que puede resultar problemático conjugar en una misma acusación los intereses de partes tan distintas, entre ellas, cuatro partidos políticos.
Pendiente el recurso a la libertad de Fuentes
Fuentes de las defensas han confirmado a EFE que el primer colectivo en solicitar su personación fue un partido local de Arona (Tenerife) Fuerza Canarias, que también manifestó su intención de recurrir la puesta en libertad de uno de los principales acusados, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Lo mismo hizo Vox.
En el auto por el que lo dejó en libertad, la juez explicaba que veía razones para enviarlo a prisión preventiva, lo mismo que ya había decidido con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, pero que en el caso de Fuentes Curbelo no podía tomar esa decisión porque la única acusación presente en la causa hasta ese momento, la Fiscalía, no había solicitado medida cautelar alguna para él.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife valorará si los recursos contra la libertad de Fuentes Curbelo están en plazo y si hay razones para atenderlos o denegarlos cuando se formalicen las personaciones, han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En esta causa, por la que han sido detenidas doce personas, se investiga una posible trama de corrupción que presuntamente cobraba sobornos de empresas a cambio de facilitar el acceso a contratos o ayudas públicas o de evitar inspecciones administrativas.
Entre los detenidos e imputados en ella hay dos antiguos cargos públicos, el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes.
Los dos fueron directores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias: Taishet sucedió a Juan Bernardo cuando este tomó posesión de su escaño en el Congreso y permaneció en el cargo hasta el verano pasado, cuando fue destituido por pérdida de confianza.
La jueza del caso Mediador cita como testigos a dos contactos de Francisco Espinosa
La jueza que instruye el caso Mediador ha citado a declarar como testigos a dos contactos del general ya retirado de la Guardia Civil y actualmente en prisión Francisco Espinosa Navas, a través de los cuales contactó con los propietarios del grupo hotelero Lopesan y la UD Las Palmas, dos importantes empresarios de Gran Canaria, a quienes intentó vender las placas solares de uno de los industriales que supuestamente le pagaba por su influencia.
En una providencia a la que ha tenido acceso este miércoles EFE, la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres llama a declarar el día 31 a la mujer a la que los informes policiales del sumario se refieren como la amante de Espinosa y a Luis Monzón, persona vinculada al grupo Lopesan.
De la primera, el equipo del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil que investigó a Espinosa recoge que el general pidió a algunos de los empresarios imputados en la trama que la contrataran con un sueldo de 3.000 euros mensuales porque pensaba que así podía ganar influencia sobre el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
El presidente de la UD Las Palmas, al que no se hace ningún reproche en esta causa judicial, ha aclarado hoy a EFE que no tiene ningún parentesco con esa mujer, aunque en el sumario se la mencione como familiar suya.
