Lourdes Uquillas |
Madrid (EFE).- Europa lidera el movimiento global de países que demandan la inclusión de los delitos ambientales como ecocidio tras la aprobación en el Parlamento Europeo de penalizar con diez años los que causen muerte, un tema que se espera que sea incluido por la Corte Penal Internacional (CPI) como el quinto delito internacional.
A ello se suman las demandas contra la “inacción climática gubernamental” interpuesta por ciudadanos de Suiza y Francia y la decisión adoptada por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas de realizar una consulta a la Corte de Justicia Internacional (CJI) de La Haya para analizar el grado de cumplimiento de los compromisos internacionales de todos los países miembros.
Este paso se produce “cuando se negocia la Directiva europea de delitos ambientales”, ha explicado a EFE Maite Mompó, la directora de la campaña en España de Stop Ecocidio, movimiento internacional que lidera la inclusión del ecocidio como delito en Europa, con el “trabajo de muchos parlamentarios y sobre todo el de la eurodiputada francesa Marie Toussaint”.
Según la Fundación Stop Ecocidio, fue el primer ministro sueco, Olof Palme, quien en 1972 anotó el ecocidio como un problema global durante la Cumbre de la Tierra en Estocolmo al tocar el tema de la Guerra de Vietnam y se habló del mismo durante la redacción del Estatuto de Roma en los años 90, pero quedó eliminado por la posición de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Países Bajos.
No obstante, la Fundación Stop Ecocidio reunió hace dos años al Panel Internacional de Expertos Independientes que definió el ecocidio como “acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.
Mompó ha subrayado “la importancia de la decisión”, porque antes de la aprobación en el PE, el tema ha pasado “por cinco comisiones parlamentarias consultivas, y todas corroboraron la inclusión del ecocidio en la directiva de tratamiento de crímenes a los delitos ambientales”, en un proceso que ha ido “paso a paso desde 2022” y que ahora debe pasar por el Consejo y la Comisión europeos.
Además, según Mompó, “otro aspecto histórico es que la Asamblea del Consejo de Europa también aprobó una resolución en la que se manifestaba a favor de que se codificara el ecocidio en el Derecho nacional e internacional”.
Ha resaltado que, una vez aprobada la inclusión por el Trílogo europeo, es decir el Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos, “deberá traspasarse a las legislaciones nacionales y a los códigos penales de los países de la Unión Europea, “abre un camino” hacia la inclusión como quinto delito internacional por la CPI, y “muestra así su solidaridad” con los países con menos posibilidades de regular estos crímenes.
Sobre la posibilidad de que estos delitos se castiguen solo en suelo europeo o se extiendan a países con legislaciones más laxas, donde algunas empresas desarrollan proyectos, Mompó ha señalado que “dependerá de cómo se legisle, porque ahora mismo se está revisando el texto de la directiva de Delitos Ambientales, por lo que hay que esperar a ver cómo se tipifica”.
Asimismo, la directora de Stop Ecocidio ha alabado la decisión adoptada este miércoles por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Por su parte, la diputada de Más País Verdes Equo, Inés Sabanés Nadal, ha señalado que el estudio en el Trílogo, “en principio “podría empezar ya con la actual Presidencia sueca de la UE, pero se podría prolongar con la Presidencia española, aunque es un tema aún por confirmar”.
Sabanés ha dicho que es una “decisión histórica”, con una “valoración extremadamente positiva”, en una resolución en la que “el Partido Verde Europeo lleva trabajando mucho tiempo” y va a marcar un “antes y un después en cuanto a la impunidad con la que los delitos ambientales se han ido produciendo”.
El hecho de que “una acción reiterada, sistemática, intencionada y que puede causar un daño permanente al medio ambiente se pueda considerar un delito en términos penales, va a ser absolutamente disuasorio para actuaciones como el Mar Menor, Doñana y otros muchos ejemplos en España”, que ponen de “forma reiterada en riesgo espacios de un enorme valor”.
La diputada ha incidido en la importancia de que el Gobierno de España y el resto de gobiernos europeos apoyen la decisión del PE para incluirlo en la Directiva de delitos ambientales y ha advertido de que desde su partido van a insistir para que España apruebe la propuesta.
Además, esta decisión del PE tiene que “afectar positivamente a la otra línea de actuación que es la de la CPI”, ha aseverado.
