Madrid (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha asegurado este lunes que la Iglesia quiere “liderar la lucha” contra los abusos sexuales a menores, pero ha denunciado que esta “dolorosa cuestión” se esté abordando exclusivamente en el ámbito de la Iglesia y no en su dimensión global.
Así lo ha señalado el presidente de la CEE en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de los obispos, que se reúne esta semana en Madrid, y en el que ha destacado que la Iglesia “confiesa su pecado”, pero denuncia al mismo tiempo que este hecho, “que afecta a otros muchos sectores de la sociedad, no sea puesto en evidencia, para buscar entre todos una solución que abarque toda la extensión de este problema social”.
“La Iglesia quiere liderar la lucha contra esta lacra que afecta a uno de cada cinco niños en Europa”, ha subrayado Omella, que ha apuntado a continuación: “Sin rehuir ninguna de nuestras propias responsabilidades, lamentamos que por el momento no se aborde dicha dolorosa cuestión en su dimensión global y que se insista en analizar exclusivamente este drama en el ámbito de la Iglesia”.
El también cardenal arzobispo de Barcelona ha reiterado su “humilde y sincera petición de perdón a las víctimas” y ha asegurado que la Iglesia en España está comprometida en la protección de menores y en la prevención de abusos sexuales cometidos, tanto en el marco de su actividad, como en toda la sociedad.
Y a modo de ejemplo, ha recordado la puesta en marcha de la web http://www.paradarluz.com que recoge información sobre el trabajo realizado por la Iglesia para la protección de menores y la prevención de los abusos.
“Hemos pedido perdón por ese gran pecado y seguiremos pidiéndolo. Pero no basta con pedir perdón, queremos que esa lacra desaparezca de nuestra sociedad. Por ello, seguimos colaborando con los jueces, la fiscalía y el defensor del pueblo, aportando toda la información de la que disponemos y activando nuestros protocolos”, ha dicho.
Ha recordado asimismo, que todas las diócesis tienen establecidos protocolos y oficinas para la protección de menores y presentación de denuncias por abusos cometidos y que las congregaciones religiosas han abierto 142 oficinas pertenecientes a 121 congregaciones.
En total, la Iglesia ha abierto en estos dos años 202 oficinas preparadas para la recepción de denuncias de abusos cometidos, en las que ha recibido información sobre 706 casos de abusos desde el año 1945.
La Iglesia propone un cheque que financie la educación sea religiosa o laica
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha propuesto que el Estado financie un cheque escolar para garantizar el acceso a un sistema educativo gratuito con independencia de la titularidad del centro, sea público o privado, religioso o laico.
“Las familias deben exigir el derecho a poder elegir la educación que prefieren para sus hijos, sin verse penalizadas por el modelo que escojan para sí”, ha destacado Omella, que ha lamentado que el sistema de enseñanza concertada, aunque “podría ser una buena solución, está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos”.
Por eso, el presidente de la CEE se ha preguntado si podría ser un cheque escolar “la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente”.
A modo de ejemplo, se ha referido a algunos Estados europeos que financian completamente la educación de los niños y adolescentes en la escuela escogida por sus padres, “sea cual sea la titularidad de la misma –pública o privada-, el modelo educativo y la confesión, religiosa o laica, de las mismas”.
Ha indicado Omella que la Iglesia católica tiene una propuesta educativa para la persona, la familia y la sociedad, una propuesta que “en ningún caso imponemos”, pero “sí que exigimos el respeto a la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos en conciencia según sus valores”.
Y ha denunciado que el modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado garantizadas por la Constitución española, que reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas.
