La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el pleno de control al Gobierno en el Senado, en Madrid, este martes. EFE/Zipi

Igualdad urge a las autonomías a abrir los centros de crisis para víctimas de violencia sexual

Madrid (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido este martes a las comunidades autónomas a abrir antes de que finalice 2023 los centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de violencia sexual tal y como establece la ley del solo sí es sí, que señala que cada provincia deberá contar con uno de estos espacios antes de 2024.

Montero ha hecho estas declaraciones en el pleno del Senado en respuesta a una interpelación presentada por la diputada del PNV María Dolores Etxano Varela, quien ha señalado a la ministra que es “urgente” desarrollar un modelo básico de acreditación administrativa de las víctimas que les permita acceder a todos los recursos, servicios y derechos previstos en la ley del solo sí es sí.

La ministra ha recalcado que esto es “tarea conjunta del Gobierno y las comunidades”, aunque ha asegurado que el proceso “ya está en marcha” y que en las próximas semanas Igualdad tiene previsto proponer el primer borrador del mismo, cuya aprobación debería producirse “a más tardar” en la Conferencia Sectorial de septiembre.

“Es una absoluta prioridad para el Ministerio”, ha defendido Montero, para quien “una adecuada acreditación de las víctimas es esencial para el acceso a sus derechos”, que se les reconocerán “sin necesidad de poner denuncia”, ha apuntado.

Los centros de crisis para víctima de violencia sexual

El objetivo de estos centros es la atención de emergencia y la recuperación de las víctimas mayores de 16 años de todo tipo de violencias sexuales.

Podrán acudir en busca de ayuda las víctimas de violación, matrimonio forzoso, mutilación genital, acoso sexual, proxenetismo, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, acecho o acoso reiterado por razón de género, feminicidio sexual y cualquier otro acto no consentido de naturaleza sexual.

Ofrecerán atención tanto a víctimas que acaben de sufrir la violencia como a las que la hayan padecido en el pasado -así como acompañamiento y consejo a familiares y personas cercanas en caso de necesidad- y no será necesaria la interposición de denuncia.

Estos centros deberán contar con una línea de atención telefónica permanente y dispondrán de un servicio de transporte gratuito y de una página web informativa.