Leandro Lamor |
Barcelona (EFE).- Tres años después del parón por la pandemia, la cuestión sobre qué modelo de turismo quieren las ciudades y comunidades españolas latirá en esta campaña electoral con la tasa turística y la turismofobia como ejes de un debate que mezcla elementos urbanísticos, socio-económicos e ideológicos.
En un sector que, según Exceltur, supera el 12% del PIB, la explosión de un turismo urbano impulsado por vuelos de bajo coste y la irrupción de plataformas digitales de contratación ha tensionado las costuras de la sostenibilidad de los destinos receptores.
Tras decaer las restricciones por la pandemia el retorno masivo de turistas ha reactivado tres cuestiones claves: la sostenibilidad urbanística, la medioambiental y la económica. Porque el turismo ya no sólo es una estadística de visitantes, sino el ariete del impacto globalizador en ciudades y comunidades.
Recientemente el Cabildo de Lanzarote declaraba la isla “turísticamente saturada”; Sevilla, Barcelona o San Sebastián persiguen apartamentos turísticos sin licencia y candidatos de todos los colores debaten si gravar o no con tasas las pernoctaciones.
El cuadro macroeconómico respira consenso: España está a un nanosegundo de sobrepasar las tasas de crecimiento turístico de 2019. Pero resucitan dilemas prepandémicos avivados especialmente desde la llegada a la política de nuevos partidos tras la disrupción social e ideológica del 15-M.
No caben matices: ¿modelo Colau, Collboni o Trias? ¿Armengol o Prohens? ¿Tendrá Madrid tasa turística si gana la izquierda? ¿Seguirá De la Cruz la cruzada de Kichi contra los pisos turísticos en Cádiz? ¿Llegará la ecotasa a Canarias?.
Y es que el turismo ha bajado a la arena política en forma de “doble T”: Tasas y turismofobia, conceptos surgidos en destinos como Cataluña, Baleares y Valencia y que han extendido su mancha por toda la geografía española.
¿Tasas sí o tasas no?
En España sólo Cataluña y Baleares cuentan con una tasa obligatoria por pernoctaciones turísticas, en línea con capitales europeas como Roma o París, mientras que Valencia aprobó esta legislatura una tasa voluntaria a criterio de los municipios.
No obstante, mientras que en Cataluña y Baleares la medida se ha abierto paso pese a las iniciales reticencias del sector, en Valencia la patronal hotelera se opone radicalmente, el PP promete derogarla si gobierna y el propio presidente socialista, Ximo Puig, cree que su aplicación será minoritaria.
En Canarias el gobierno progresista de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera frenó la implantación de una ecotasa por el parón de la COVID, pero Podemos y NC ya han dejado claro que pedirán ahora su aplicación para pactar.
Con la campaña electoral también se ha reabierto el debate en Madrid, donde la tasa turística ya se puso encima de la mesa durante el mandato de Manuela Carmena, que abogaba por aplicarla frente al rechazo de la derecha y el sector hotelero. Lo mismo ha pasado ahora con tan solo un comentario sobre el tema de la candidata socialista, Reyes Maroto.
En las antípodas, la ecotasa balear suscita a día de hoy el consenso de prácticamente todos los partidos y la patronal e incluso el PP ha dicho que no la derogará si gobierna.
Nadie quiere ser Venecia
Tras el fenómeno del turismo urbano en España subyace otra batalla entre el urbanismo e intereses económicos de ayuntamientos, hoteleros, vecinos y propietarios de apartamentos y pisos turísticos, un sector sacudido tanto por la oferta ilegal como por la irrupción de plataformas como Airbnb.
El ayuntamiento de Barcelona libra una cruzada contra los pisos turísticos ilegales, mientras que la Junta de Andalucía prepara una regulación que dará competencias a los ayuntamientos sobre un sector que ya es la mitad de la oferta en la comunidad.
También en Canarias, histórico granero de pisos turísticos, el Cabildo ha aplicado en esta legislatura las primeras sanciones a pisos sin licencia con el beneplácito del sector hotelero.
En Donostia el ayuntamiento del PNV y PSE ha suspendido temporalmente la concesión de nuevas licencias para hoteles y pisos turísticos, mientras que en Valencia el gobierno del PSPV y Compromís han iniciado un proceso para restringir la oferta en el centro histórico.
Para las viviendas turísticas, el ayuntamiento de Madrid cambió la normativa y sólo se permitirá su implantación cuando estén en las plantas baja o primera de su edificio y no encima de otra vivienda, suprimiendo la obligatoriedad de que cuenten con acceso independiente y el límite de días de uso al año a partir del cual se exigía licencia.
Del Casco Viejo de Bilbao al barrio sevillano de Santa Cruz, de la Plaza del Obradoiro al Mentidero gaditano, subyace el debate sobre la gentrificación; porque la oleada de pisos turísticos, a veces sin licencia, dispara el mercado inmobiliario y expulsa a vecinos hacia la periferia.
Gobiernos y municipios turísticos buscan soluciones y señalan principalmente a los pisos sin licencia como causantes del problema. Porque nadie quiere ser Venecia, la ciudad que, por cierto, acaba de estrenar una tasa de entrada.
Turismofobia: cuando el roce no hace el cariño
Todos estos ingredientes han cuajado en la llamada turismofobia, un clima cuya temperatura oscila según se pregunte a un vecino de Palma, a un jubilado de Benidorm o si lanzamos un sondeo improvisado en una terraza madrileña en hora punta.
La Universitat de les Illes Balears definió en 2017 el concepto como “un sentimiento de rechazo por los residentes de un destino turístico hacia personas que vienen a visitarlo, pero no personal contra el turista, sino hacia el turismo de masas en general”.
Sean activistas asaltando un bus turístico en Barcelona, acciones contra el “sobreturismo” en Palma, contra la agencia vasca del turismo o contra la “masificación” del Xacobeo, estas quejas, a veces emprendidas por las ramas juveniles de partidos, quedan en la retina como imaginario de este fenómeno.
“No estamos contra el turismo, sino contra la masificación y el turismo descontrolado”, es el mantra que políticos como Ada Colau esgrimen contra determinados modelos cuando se pregunta si Barcelona puede soportar hasta 80 cruceros en un mes.
Pero el turismo, como todo fenómeno complejo, tiene también su “cara B” si vislumbramos otro fen
meno reciente: La España vaciada que pide turno ante los principales touroperadores para revindicar el turismo rural.
Es el caso de Castilla y León con su apuesta por un turismo de desconexión para nuevos perfiles de viajeros que demandan wifi en medio del campo; o Cantabria, donde el turismo no admite debates y sigue siendo ese gran invento y maná de riqueza.
