Madrid (EFE).- El Pacto de Estado contra la violencia de género caducó en septiembre de 2022, pero cuando el Congreso y el Senado se ponían manos a la obra para renovarlo con nuevas medidas, la convocatoria electoral del 23 de julio lo deja en el aire, con la duda de si la futura composición de las Cortes permitirá un nuevo acuerdo unitario.
El pacto, que ha marcado durante cinco años la actividad institucional para combatir las distintas violencias contra las mujeres y ha garantizado su financiación, cosechó en noviembre de 2021 el apoyo de todos los grupos políticos, menos Vox, para su renovación.
Cuando se aprobó, en 2017, el único voto discordante fue el de Podemos, que optó por la abstención al considerar insuficientes las medidas consensuadas. Vox no tenía todavía representación parlamentaria.
Aunque hay que esperar ahora a que el nuevo hemiciclo y los futuros inquilinos de la Moncloa vuelvan a poner en marcha la maquinaria, expertas consultadas por EFE creen que el compromiso político no se alterará.
Una gran mayoría comprometida
“Estamos seguros, por la experiencia que tenemos, de que un cambio político en España no va suponer dar pasos atrás en la lucha contra la violencia machista”, asevera a Efe la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona.
Según destaca, la “inmensa mayoría” de los grupos parlamentarios ha mostrado mucha preocupación por la lucha contra la violencia machista, por lo que se muestra convencida de que en el futuro “va a seguir siendo así”.
Coincide con ella Concepción Freire San José, miembro de la junta directiva de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien asegura a Efe que, en su opinión, el pacto de Estado “no está en peligro”.
“Otra cosa es la dotación presupuestaria”, puntualiza Freire, quien advierte también de que, hasta la renovación del acuerdo, queda paralizado el “empuje” que el Gobierno estaba planteando darle al pacto y la aprobación de nuevas medidas para reforzarlo.
Necesidad de nuevos protocolos
Entre estas, Freire destaca la necesidad de nuevos protocolos para mejorar la seguridad de las víctimas, como el incremento de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores, o más presupuesto y medios para que las mujeres “no se vean abocadas a no denunciar por motivos económicos”.
Para Carmona, la finalización de la vigencia del pacto exige “poner sobre la mesa qué medidas quedan por implementar”, además de “volver a hacer un esfuerzo presupuestario” para impulsar todas las herramientas y los recursos necesarios para proteger a las mujeres en riesgo y a sus hijos.
“El Pacto de Estado ha puesto a España en al vanguardia mundial en la lucha contra la violencia machista, ha supuesto importantísimas modificaciones legislativas, así como un mayor perfeccionamiento de la coordinación entre instituciones y en los protocolos”, resalta la presidenta del Observatorio, quien confía en que un hipotético cambio de signo en el Gobierno no tenga “especial incidencia” en ese texto.
Aunque el pacto tenía una duración determinada, de 2017 a 2022, Freire subraya que “sigue vigente” y que todas las medidas puestas en marcha “están prorrogadas hasta que vuelva a probarse otro”.
“Todas las herramientas, sobre todo las referentes a materia asistencial que competen a las comunidades autónomas, pueden estar vigentes y seguir actualizándose continuamente”, coincide Carmona, quien concreta que, en lo que se refiere a la parte presupuestaria, el pacto de Estado “sigue en vigor” y las transferencias correspondientes a las autonomías se realizarán la próxima semana.
A su juicio, el pacto de Estado tiene que estar “totalmente por encima de los cambios políticos”. “España no se puede permitir bajar la guardia”, advierte.
