Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional estudia la petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia sobre si 21 candidatos electos de EH Bildu, condenados en su día por delitos de terrorismo, han satisfecho sus responsabilidades civiles o, en su caso, tienen que hacer frente al pago con sus bienes, entre ellos sus sueldos públicos.
El servicio de ejecutorias de la Audiencia Nacional ha solicitado informes a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al Ministerio del Interior tras recibir el escrito en el que Dignidad y Justicia solicita comprobar si más de una veintena de candidatos “condenados por delito de terrorismo” y elegidos en las pasadas elecciones del 28 de mayo, así como en las de 2019 y 2015, tienen la responsabilidad civil sin satisfacer, informan a EFE fuentes jurídicas.
En caso de que sea así, la asociación pide averiguar “los bienes, vehículos, cuentas, depósitos, sueldos públicos y cualquier otro activo patrimonial con el que hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista cometido”.
Condenas por delitos de terrorismo
Dignidad y Justicia ha identificado a 21 candidatos de EH Bildu que han resultado elegidos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco y Navarra y que en su día fueron condenados por delitos de terrorismo.
Entre ellos figuran Andoni Lariz, Xabier Alegría, Miren Aranzazu Carrera, José Ángel Viguri, Begoña Uzcudun o Juan Carlos Arriaga, condenados por diferentes delitos de terrorismo por atentados de ETA o pertenencia o colaboración con la banda.
Según explica la asociación, el Estado “puede reclamar la responsabilidad civil derivada del delito de terrorismo a los condenados por el mismo” que previamente ha satisfecho y, por ello, solicita a la Audiencia Nacional que haga esta comprobación.
Actuación de la asociación ‘Dignidad y Justicia’
La asociación denuncia que “han sido muchas las personas presentadas como candidatos por la formación política EH Bildu, condenadas por delitos de terrorismo, entre ellos, asesinatos, estragos, pertenencia o colaboración con organización terrorista”.
Subraya que ya comunicó a la Junta Electoral de Zona de San Sebastián, a la Junta Electoral Central y a la Audiencia Nacional que la exetarra Sara Majarenas, candidata por EH Bildu y condenada por delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos y tenencia de armas sin licencia, tenía una pena de inhabilitación en vigor.
Circunstancia que en un primer momento no fue advertida por la Fiscalía y que finalmente, resalta, fue ratificada por el servicio de ejecutorias y que derivó en la exclusión de su candidatura.
Semanas antes a las elecciones Dignidad y Justicia denunció ante la Fiscalía General del Estado la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu y otra veintena más que presentó esta asociación en los comicios de 2015, 2016 y 2019, y pidió que se analizasen sus liquidaciones de condena.
