Madrid (EFE).- El vocal conservador Vicente Guilarte ha aceptado asumir a partir de mañana la presidencia por suplencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el cese por jubilación de Rafael Mozo, dando por resuelto el dilema sucesorio de un órgano que cumplirá en diciembre cinco años en funciones.
El órgano de gobierno de los jueces ha informado de que Guilarte, el vocal de más edad tras la salida de Mozo, ha comunicado al pleno ordinario convocado este miércoles que acepta el cargo de nuevo presidente suplente del CGPJ.

Para ello Guilarte ha aceptado renunciar a su trabajo como abogado y profesor universitario para tener dedicación exclusiva, requisito que algunos vocales veían imprescindible y que seis de ellos -tres progresistas y tres conservadores- solicitaron por escrito debatir en este pleno, según informan a EFE fuentes jurídicas.
Porque hasta ahora Guilarte, que no formaba parte de la comisión permanente del CGPJ, que también comporta dedicación exclusiva, seguía desempeñando su profesión de abogado, algo que algunos vocales veían incompatible si aceptaba el cargo de presidente suplente.
Con esta decisión, se resuelve el dilema sucesorio que dejaba el cese por jubilación de Rafael Mozo, que llegó al cargo tras la dimisión en octubre del año pasado de su antecesor, Carlos Lesmes, ante la falta de acuerdo político para renovar el órgano. Porque, según las normas que estableció este Consejo cuando Mozo asumió el cargo, el presidente suplente es el vocal de más edad y eso dirige la mirada al conservador Vicente Guilarte, quien por el momento no tiene dedicación exclusiva y ha compatibilizado su cargo con el de abogado y profesor universitario.
El presidente saliente del CGPJ urge a renovar “sin excusa” el órgano tras el 23J
Rafael Mozo, que deja la presidencia del CGPJ por jubilación, ha urgido a los partidos a que, tras los comicios del 23J, renueven “sin excusa ni pretexto alguno” un órgano que lleva en funciones desde 2018, para después proceder a la reforma de su elección, como recomienda la Comisión Europea.
El presidente saliente del órgano de gobierno de los jueces ha remitido esta mañana al personal del Consejo una carta en la que revela tener un “sentimiento agridulce” a la “hora del adiós” por la “anomalía constitucional” que supone la falta de renovación del CGPJ, que, de seguir así, el próximo diciembre cumplirá cinco años en funciones.
Mozo, que será sustituido por el conservador Vicente Guilarte, subraya en su carta que la recomendación de la Comisión Europea “no deja lugar a dudas”: que se renueve el CGPJ “con carácter prioritario y que se inicie, inmediatamente después de la renovación”, la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo, “teniendo en cuenta las normas europeas”.
Y por ello urge “a las fuerzas políticas concernidas” a que, “sin excusa ni pretexto, se tomen en serio estas recomendaciones” y procedan “de inmediato”, tras el 23J, a la renovación del CGPJ.
La falta de acuerdo entre el PSOE y el PP, que hasta ahora se ha mostrado partidario de reformar el sistema de elección para dar más peso a los jueces antes de renovar el órgano, ha llevado a este Consejo a estar ya más de cuatro años y medio en funciones y provocó la dimisión de su anterior presidente, Carlos Lesmes, algo que Mozo considera “uno de los episodios más tristes de nuestra historia democrática”.
Con la salida de Mozo, serán 16 los vocales que integrarán el órgano -10 conservadores y 6 progresistas-, de los 21 que prevé la ley.
Mozo, encuadrado en el ala progresista, ha destacado el “logro” de haber renovado a dos magistrados del Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, una decisión que generó mucho debate en el CGPJ, y también se “enorgullece” de haber formado parte del “Consejo que más decididamente ha dado pasos hacia la igualdad” en la carrera, por haber sido el que más magistradas ha nombrado, “aunque quede mucho por hacer”.
Un Consejo que echó a andar el 4 de diciembre de 2013 y que cumplirá el mismo día de este año un lustro en funciones y con las competencias recortadas al no poder hacer nombramientos por estar su mandato caducado tras una reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que el PP quiere derogar si llega a la Moncloa.
Mientras, hasta el momento en la cúpula judicial ya hay 84 vacantes: 22 en el Supremo, 1 en la Audiencia Nacional, 36 en Tribunales Superiores de Justicia y 25 en Audiencias Provinciales.