Madrid (EFE).- La condena a 19 años de cárcel al excomisario José Manuel Villarejo da respuesta al primero de los múltiples frentes judiciales que acumula en la Audiencia Nacional, si bien la absolución por cohecho abre una incógnita acerca del devenir de otras piezas del caso Tándem en las que se investigan encargos de empresas y particulares a su empresa, Cenyt.
El tribunal le ha absuelto de los delitos de cohecho pasivo y activo que se atribuían a Villarejo y otros acusados (también policías) en las piezas Iron y Land porque, a pesar de su condición de funcionario público, actuó en la esfera privada y no pública.
Se trata de la primera sentencia por el caso Tándem y la primera condena a Villarejo -que resultó absuelto en otras dos causas abiertas en otros tribunales por injurias al exjefe del CNI Félix Sanz Roldán y por la grabación y difusión en 2014 de una reunión entre agentes del CNI y policías sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás.
En 2017, Villarejo fue detenido en la operación Tándem y estuvo en prisión preventiva casi tres años. En ese tiempo, el juez le fue abriendo piezas a medida que la unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía iban desgranando la ingente documentación hallada en su casa, que puso al descubierto sus negocios al frente de Cenyt y también las cuentas ocultas del rey Juan Carlos I de la mano de una conversación con Corina Larssen que tenía grabada.
A día de hoy el caso Tándem acumula casi medio centenar de líneas de investigación por otros tantos proyectos, las últimas abiertas recientemente a petición de Asuntos Internos, unidad contra la que el excomisario ha cargado una y otra vez por liderar una causa que considera “preparada” para destruirle.
Estas son algunas de las piezas del extenso puzzle de Tándem:
Kitchen
Una de las que más revuelo causó desde que vio la luz, en noviembre de 2018, cuando el juez y los fiscales descubrieron la existencia de una presunta operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas y a su familia que habría sido urdida desde el Ministerio del Interior en 2013 para conseguir documentos del caso Gürtel comprometedores para el PP.
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy en La Moncloa, y su número dos, Francisco Martínez, son dos de los ocho acusados que se sentarán en el banquillo con una petición de la Fiscalía de 15 años de prisión. También lo hará parte de la cúpula policial de entonces.
No así la máxima dirigente del PP que ha estado imputada, la exnúmero dos María Dolores de Cospedal, contra quien el juez sólo vio sospechas y no indicios suficientes, pese a la tesis de la Fiscalía, que siempre sostuvo que hubo una trama política más allá del Ministerio.
Operación Trampa
Se encuentra ya prácticamente dando sus últimos coletazos y en ella están investigados el BBVA, su expresidente Francisco González y algunos de sus exdirectivos.
Es la número nueve y en ella el juez ha indagado en los supuestos servicios de espionaje encargados a Villarejo para frenar el movimiento que la constructora Sacyr inició, sin éxito, para tratar de tomar el control de la entidad.
Proyectos relacionados con Iberdrola
El juez investiga si desde Iberdrola se contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión. Entre los presuntos espiados figura ACS.
El presidente de la compañía, Ignaico Sánchez Galán, fue uno de los investigados hasta que el juez archivó la causa para él al considerar prescritos los delitos por lo que estaba imputado.
Proyecto Wine
Se ha investigado la presunta contratación, en 2011 y 2012, desde Repsol y Caixabank, de empresas de Villarejo para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex.
Tanto las dos cotizadas como sus presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé, respectivamente, estuvieron investigados, si bien el juez, avalado por la Sala de lo Penal, los sacaron de la causa al descartar que participaran en el encargo a Cenyt.
No obstante, Anticorrupción quiere que se considere responsables civiles subsidiarias a ambas entidades, así como a la administración general del Estado, y solicita 40 años a Villarejo, y 28 y 21, respectivamente, para los exresponsables de Seguridad de Repsol y Caixabank, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño.
Caso Dina
Es otra de las piezas que más protagonismo político cogió en su día y debe su nombre a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. Ha girado en torno al supuesto robo en 2015 de la tarjeta de memoria de su móvil, cuya información apareció dos años más tarde en un registro a Villarejo, y el juez incluso llegó a pedir al Tribunal Supremo la imputación del entonces vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos por delitos como revelación de secretos y acusación y denuncia falsa al ver versiones contradictorias entre él y su exasesora.
El Supremo lo rechazó y finalmente el juez procesó a Villarejo y a dos periodistas, los exdirectivos de la extinta revista “Interviú” Alberto Pozas y Luis Rendueles, a cuyas manos llegó “parte de la información” de aquella tarjeta, que después entregaron al excomisario a petición suya. Ambos han defendido su inocencia y han pedido a la Sala de lo Penal archivar la causa.
La lista es larga y continúa con otros supuestos encargos, como aquel en el que supuestamente le pidieron frenar la extradición de un naviero a Guatemala, o el que habría hecho el empresario Javier López Madrid para hostigar a la doctora Elisa Pinto.
