Madrid (EFE).- La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso del expresidente catalán, Carles Puigdemont, contra la orden nacional de detención que dictó el Tribunal Supremo al confirmar su procesamiento por delitos por malversación agravada y desobediencia en relación al procés, tras ser derogado el delito de sedición. Una decisión que la Fiscalía recurrirá en septiembre.
La Sala, compuesta por los magistrados Concepción Espejel, César Tolosa (del sector conservador) y Laura Díez (del progresista), ha acordado inadmitir el recurso de amparo interpuesto por Puigdemont y el exconsejero catalán Antoni Comin, ante “la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo”, según señala el auto notificado este miércoles por el Tribunal Constitucional.
La resolución ha sido dictada por mayoría con el voto particular de la magistrada Laura Díez, que disiente del resto al considerar que esta Sala de Vacaciones no debió resolver por no ser urgente la decisión sobre la suspensión de las medidas cautelarísimas y por considerar que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido.
El voto particular de la magistrada Laura Díez
La Sala de Vacaciones declaró su competencia para conocer sobre la decisión de admisión del citado recurso de amparo, al venir esta exigida por la necesidad de resolver sobre la solicitud de adopción de la medida cautelarísima solicitada de suspensión de una resolución judicial que ordena la detención e ingreso en prisión.
Sin embargo, Díez entiende que no existe “urgencia” en resolver sobre la eventual suspensión de esta medidas por dos razones.
Por un lado, que los recurrentes no se encuentran en territorio español, “único lugar donde pueden ejecutarse las órdenes decretadas” y por otro, que no puede llegar a producirse una vulneración efectiva de derechos que deban protegerse, puesto que desarrollan sus funciones de representativas fuera de España y ninguno de los dos se encuentra actualmente privado de libertad.
Por ello dice no entender la “premura” de sus compañeros por decidir sobre un asunto que podía haberse tramitado tras la pausa estival, “siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional”.
La magistrada disiente también de la inadmisión del recurso en sí, decisión que la mayoría sostiene en que las vulneraciones invocadas, derivadas del eventual menoscabo de su garantía parlamentaria, carecen de sustento constitucional tras la sentencia, entre otras, del Tribunal General de la Unión Europea, que recientemente les retiró la inmunidad como parlamentarios.
El recurso de la Fiscalía
La Fiscalía recurrirá a partir de septiembre la decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional.
Según han informado a EFE fuentes fiscales, la Fiscalía del Constitucional ha decidido recurrir esta resolución, ya que entiende que no existe ninguna urgencia para que haya sido la Sala de Vacaciones la que haya resuelto y que no es un asunto que se deba sustraer de las decisiones ordinarias del tribunal de garantías.
El plazo para recurrir la resolución de la Sala de Vacaciones empieza el 1 de septiembre, ya que agosto es un mes inhábil para este tipo de trámites, según las fuentes.
JxCat acusa al TC de actuar contra Puigdemont “pensando en la investidura”
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha acusado este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) de dedicarse a “decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo”, mientras que la presidenta de Junts, Laura Borràs, cree que actúa contra Carles Puigdemont “pensando en la investidura”.
Así han reaccionado ambos, desde Twitter, después de la decisión del Constitucional.
“Todo en orden. Hace muchos años que el trabajo del TC es decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo. Y esta estrategia no cierra por vacaciones”, ha escrito Turull.
También la presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha salido al paso de la decisión del TC: “El aparato judicial actuó durante la campaña electoral y ahora actúa pensando en la investidura. No fallan. Resuelven en tiempo récord, en agosto…”.
Según Borràs, “en el Estado español no hay separación de poderes; de hecho, algunos intentan que haya sincronización de poderes”.
