Pamplona (EFE).- El Gobierno de Navarra estudia recurrir la rebaja de condena en un año al miembro de la Manada Ángel Boza. El Ayuntamiento de Pamplona y la víctima han anunciado también su intención de recurrir el auto del TSJN.
En concreto, el Ejecutivo navarro estudia presentar un recurso de casación, a través del Instituto Navarro para la Igualdad, y si este no prospera, recurrir ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado en un año —de 15 a 14 años— la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 en aplicación de la ley del sólo sí es sí.
Una jueza discrepa con la reducción de condena
La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, cuenta con un voto particular discrepante de una magistrada que aboga por rechazar la solicitud de revisión de condena.
Los otros dos magistrados apoyan la rebaja de la pena que se considera “razonable conforme con la legalidad, respetuosa con las reglas legales básicas de determinación de la pena y acomodada a los criterios de proporcionalidad”.
La Sala sostiene que la condena de Ángel Boza debe reducirse puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, “próxima” o “cercana” al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó “sensiblemente”.
Solidaridad y empatía con la víctima
El Ejecutivo navarro está personado como acusación popular en el caso y este miércoles, tras su sesión semanal, el vicepresidente primero, Félix Taberna, y la vicepresidenta tercera, Begoña Alfaro, han mostrado la solidaridad y la empatía del Ejecutivo con la víctima.
Begoña Alfaro ha mostrado el apoyo del Gobierno al voto particular de la magistrada que discrepa con la rebaja y ha recalcado que se trata de una jueza con formación en violencia de género.
Sobre la ley del solo sí es sí, Taberna ha señalado que muchos partidos han “aprovechado” para criticar una ley que “corresponde al Gobierno de España y que ya tuvo su modificación”.
El Ayuntamiento de Pamplona anuncia recurso
El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la decisión del TSJN , han informado a EFE fuentes municipales.
En este proceso judicial, el Ayuntamiento de Pamplona ha participado como acusación popular, al igual que el Gobierno de Navarra, que ya ha anunciado también que estudia presentar un recurso de casación y, si este no prospera, recurrir ante el Tribunal Supremo.
La alcaldesa de Pamplona, la regionalista Cristina Ibarrola, ha lamentado “muchísimo” la rebaja de la pena de uno de los miembros de La Manada y sobre la posibilidad de corregir la decisión del TSJN ha considerado: “Me temo que hay poco que hacer porque no es una cuestión de estar o no de acuerdo, es que la ley ampara lo que está sucediendo”.
La abogada de la víctima se apoyará en el voto discrepante
La víctima de la violación grupal de los Sanfermines de 2016 recurrirá la rebaja de condena al considerar que los magistrados no han tenido en cuenta la gravedad de los hechos.
Aunque aún deben analizar con profundidad el auto que reduce el castigo penal a Ángel Boza en aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la intención de la abogada de la joven, Teresa Hermida, es recurrir la rebaja ante el Tribunal Supremo, según ha anunciado a EFE.
Se apoyará previsiblemente en el voto particular de una magistrada, que ha discrepado de sus dos compañeros de tribunal, al considerar que, en sintonía con el criterio de las acusaciones y la Fiscalía, la Sala debió mantener la condena de 15 años de prisión, que fue la que impuso el Supremo.
En dicho voto, la magistrada Esther Erice expone que en ningún caso procede la solicitud de rebaja de condena, ya que ni siquiera en una aplicación meramente aritmética resulta procedente, y que “debe atenderse no sólo a la cercanía de la pena de 15 años al nuevo mínimo posible, sino también a la gravedad de los hechos”.
Coincide con este criterio la abogada de la joven, que estima que el Tribunal Superior de Justicia no ha valorado correctamente ni la legislación aplicable ni la gravedad de los hechos, que sí determinó el Supremo en su sentencia.
