Madrid (EFE).- La Fiscalía alerta de un incremento “absolutamente exagerado” de la difusión de pornografía infantil en la red en los últimos años y, aunque el uso de la Inteligencia Artificial para ello es aún “muy puntual y reciente”, teme que se dispare y pueda servir para aumentar ese “negocio ilícito”.
A raíz de las denuncias sobre la presunta creación y difusión con inteligencia artificial de falsos desnudos de niñas en Almendralejo (Badajoz), la fiscal de Sala de la Unidad de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, evalúa con EFE, sin entrar en el caso concreto, el preocupante crecimiento detectado en el “tráfico de pornografía infantil en la red”.
“Cada vez hay un consumo pornográfico mayor, real o virtual”, advierte Tejada, que pone el foco en las facilidades que ofrece la red para captar a menores y coaccionarles con el objetivo de conseguir material sexual que “luego se pone en circulación”, en ocasiones, con finalidades lucrativas. “Se ha convertido en un negocio, en una forma de ganar dinero”, apunta.
Pornografía virtual
En su memoria relativa al año 2022, el ministerio público ya constató los “efectos perversos del desarrollo tecnológico” en las agresiones a menores y en la “elaboración y difusión de material pornográfico infantil”: se abrieron 832 procedimientos por pornografía infantil a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
La fiscal de Sala explica en una conversación telefónica con EFE que el Código Penal castiga la elaboración, difusión o incluso posesión de material pornográfico infantil “real, técnico o virtual”.
Es decir, también está penada la “pornografía virtual”, aunque la normativa obliga a que sean “imágenes realistas”, a que “parezcan reales”.
“No todo material que refleja una imagen de una persona desnuda es pornografía”, deja claro la fiscal Tejada, quien explica que, además del realismo de las imágenes, “tiene que haber una clara tendencia lasciva” en su producción y difusión.
Por ejemplo, un dibujo hecho a lápiz no entraría en ese delito, indica Tejada, quien añade que una directiva de la Unión Europea de 2011, que ya recogía el concepto de pornografía virtual, dejó a criterio de los Estados sancionar los actos de producción de materiales pornográficos artificiales para el propio consumo, si no se difunden ni se toma “como base a ningún niño”.
Es la única excepción, pues a “efectos penales” la pornografía virtual funcionaría igual que la real, aclara la fiscal, que subraya que lo que busca salvaguardar este delito es “la protección de la infancia”.
Cambio de tendencia: fabricar pornografía
La Fiscalía ha detectado cierto “cambio de tendencia” en la difusión de pornografía infantil: se trata en ocasiones de “un negocio lucrativo” en el que “hay gente que fabrica pornografía”, y en ese contexto, el uso de la inteligencia artificial, aunque todavía puntual, “lo que hace es provocar que el movimiento de oferta y demanda sea cada vez mayor y se genere un riesgo mayor para los niños”.
Con preocupación, Tejada admite a EFE su “temor” de que la inteligencia artificial “pueda servir para incrementar todavía más todo ese negocio y mercado ilícito” en un momento en el que el “tráfico de pornografía infantil en la red está creciendo de una forma absolutamente exagerada”.
Y augura que “cada vez vamos a tener más supuestos de pornografía virtual”, con la duda de si, como hasta ahora, serán siempre imágenes totalmente artificiales, o se incorporará un cuerpo ficticio a imágenes reales, abriendo la puerta a otros posibles delitos como el delito contra la integridad moral.
Ante este problema tan “serio”, Tejada pide “prudencia” y destaca la necesidad de vigilar el uso que los menores dan a sus dispositivos tecnológicos, tanto en casa como en el colegio.
Protección de Datos abre una investigación
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación de oficio sobre el caso de las menores de Almendralejo.
En paralelo, ha contactado con el Ayuntamiento de Almendralejo y con la Junta de Extremadura para que difundan que se puede solicitar la retirada de las imágenes publicadas en internet a través del “Canal prioritario” de este organismo, indicando las direcciones (URLs) desde las que se puede acceder a ellas.
El “Canal Prioritario” se puso en marcha en 2019 y permite solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos que se hayan publicado en internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos.
Los datos de la AEPD revelan que el pasado año se realizaron 51 intervenciones de urgencia para retirar información, vídeos o audios que se habían publicado en Internet sin permiso y que mostraban contenido sensible (sexual o violento).
Un amplio porcentaje de esas intervenciones se clasificó como “violencia digital” contra mujeres y niñas, y representaron el 70 por ciento de los casos que se denunciaron en ese canal; en 46 de esos 51 casos se consiguió la retirada de los contenidos publicados con inmediatez, lo que supuso más de un 90 por ciento de efectividad, según la AEPD.
