Madrid, 26 sep (EFE).- La madre de una niña que fue sometida a una mutilación genital de forma clandestina en Gambia en 2015 ha reconocido este martes haber inducido el delito y ha aceptado una pena de dos años de cárcel para evitar entrar en prisión, mientras que la Fiscalía ha retirado la acusación contra el padre.
El Ministerio Fiscal pedía diez años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad tanto para la madre, Fatou J.D., como para su esposo, Yusupha D.D., radicados en Rubí (Barcelona), por sendos delitos de mutilación genital con la agravante de parentesco.
El padre no sabía nada de la mutilación
La Audiencia Nacional ha celebrado este martes el juicio, en el que la Fiscalía ha retirado la acusación para el padre, pues la defensa ha argumentado que no se dedica al cuidado de su hija y no era conocedor de que se le había practicado la mutilación durante unas vacaciones en Gambia en 2015, cuando la niña tenía un año y medio, han informado fuentes jurídicas.
La madre también evitará previsiblemente la cárcel al llegar a un pacto con la Fiscalía, que le ha reducido su petición de condena a dos años de prisión al aplicarle los atenuantes de confesión tardía y de dilaciones indebidas en el proceso y ha retirado la solicitud de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.
El fiscal ha apoyado la suspensión de la ejecución de la condena, que se plasmará en una sentencia en los próximos días, y que incluirá el pago de una indemnización de 60.000 euros por las secuelas físicas y psicológicas que pudiera haberle provocado la mutilación a la menor.
Un pediatra descubrió la ablación seis años después
Según la acusación de la Fiscalía, que ha aceptado la madre, los procesados viajaron en septiembre de 2015 a Gambia con dos de sus hijas y dejaron a la pequeña con abuela materna antes de regresar a España.
Allí, pidieron a un familiar que sometiera a la menor a una mutilación genital de grado III, consistente en la extirpación total del clítoris y de los labios mayores y menores. La ablación se le practicó de forma clandestina en fecha no precisada del mes de septiembre de 2015, fuera de un establecimiento sanitario.
Lo detectaron los servicios sociales de un centro de salud de Rubí seis años después, en septiembre de 2021, durante una revisión pediátrica a la niña, e inmediatamente dieron aviso a los Mossos d’Esquadra.
Las lesiones fueron certificadas por dos médicos forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal de Barcelona en un informe en el que dejaron constancia de las importantes consecuencias que dejan este tipo de procedimientos tanto desde el punto de vista anatómico como desde el psicológico.
