Madrid (EFE).- La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado, después de que terminara el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por parte de la Guardia Civil, que “continúa a disposición de la Justicia”.
En un comunicado emitido esta noche, tras salir de la sede federativa, los agentes que acudieron por orden del juez que investiga el caso Negreira para efectuar un registro documental, la Federación expresa su plena disposición “con el único fin de que se puedan esclarecer cuanto antes los hechos investigados”.
Además asegura que “todo el personal” del organismo “ha colaborado en todo momento” durante las doce horas que ha durado el registro “con el requerimiento de información por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
La RFEF recuerda en su escrito que los hechos que se investigan en el caso Negreira “tienen que ver con la administración federativa de dos etapas anteriores a la actual gestión”.
El juez imputa al Barcelona
Este registro de las oficinas del CTA, situadas en las dependencias de la RFEF en Las Rozas (Madrid), ha sido llevado a cabo por agentes del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona para tratar de encontrar documentos relacionados con los pagos del Barça al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira.
La operación policial ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el destino de los cerca de 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Enríquez Negreira y a su hijo, entre los años 2001 y 2018, y que según el club respondían a informes sobre arbitrajes.
Además, el juez instructor ha dictado un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo.
