Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los acuerdos para hacer efectiva la subida salarial de alrededor de 450 euros mensuales pactada con jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia.
Se cumplen así los acuerdos que cerraron los Ministerios de Justicia y de Hacienda con estos colectivos la pasada primavera, que permitieron acabar con dos meses de huelga de los letrados y evitar el paro de jueces y fiscales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha enmarcado estos acuerdos en el diálogo social.
El acuerdo alcanzado con tres asociaciones de jueces y otras tantas de fiscales -no firmó la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- implica una subida salarial progresiva de 450 euros al mes a partir de la nómina de octubre, al margen de otras mejoras laborales y de una convocatoria de plazas.
El aumento será efectivo de forma completa en julio de 2024, ha recordado Montero.
“Triunfo de la negociación”
Para Edmundo Rodríguez, representante de Juezas y Jueces para la Democracia, una de las asociaciones judiciales y fiscales que firmaron el acuerdo, su cumplimiento mejorará el servicio de juzgados y tribunales y es “un triunfo de la negociación, que ha permitido cumplir una previsión legal sin daño para la administración de justicia”, pues en su caso no fue necesaria la huelga.
Los letrados de la administración de Justicia (LAJ), en huelga desde finales de enero a finales de marzo, suspendieron su protesta tras pactar con el Gobierno un aumento retributivo de entre 430 y 450 euros brutos al mes.
En su caso, el acuerdo, que tiene carácter retroactivo desde enero de 2023, debía haber empezado a aplicarse en la nómina de julio.
En declaraciones a EFE, fuentes de los letrados recuerdan que su huelga indefinida, que mantuvieron durante más de dos meses, abrió el camino de la negociación también con jueces y fiscales.
El último balance de los letrados en marzo cifró el impacto de su paro en más de 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de reparto y 1.500 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.
Por su parte, los funcionarios de Justicia han recordado recientemente que, aunque ahora está parado hasta la constitución del nuevo Gobierno, su conflicto por el que realizaron paros y manifestaciones entre abril y julio continúa, y han amenazado con “dar una respuesta contundente a través de nuevas movilizaciones” si no se negocian sus reivindicaciones salariales y laborales.
CSIF recurrirá la subida de los letrados judiciales por vulnerar la negociación colectiva
El sindicato mayoritario en la administración de Justicia, CSIF, recurrirá la subida salarial de los letrados de la administración de Justicia aprobada este martes por el Gobierno por “vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva”, ya que se negoció por asociaciones profesionales y no por sindicatos.
El sindicato argumenta que el acuerdo previo a la subida de entre 430 y 450 euros brutos mensuales, que puso fin en marzo a dos meses de huelga de los antiguos secretarios judiciales, no pasó por la mesa de negociación, “lo que vulnera gravemente la ley de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva”.
CSIF, miembro del comité de huelga de los funcionarios de juzgados y tribunales, alerta además de que las reivindicaciones salariales y laborales por las que convocaron paros y manifestaciones entre abril y junio siguen vigentes y de que volverán a movilizarse si el Ministerio de Justicia no retoma las negociaciones en cuanto haya un nuevo Gobierno.
“Advertimos al nuevo Gobierno y al nuevo ministro o ministra de Justicia que no va a tener los 100 días de gracia para sentarse a negociar. Desde el minuto uno en que acceda al puesto, debe tener como prioridad la solución del conflicto en la administración de Justicia, poniendo encima de la mesa una propuesta económica seria”, avisan en un comunicado difundido este martes.
Asimismo, CSIF reprocha la “pésima gestión” de su conflicto por parte del Ministerio de Justicia y el “clasismo, agravio y desprecio” mostrado hacia los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, que representan el 93 % de la plantilla de la oficina judicial.
