Madrid (EFE).- El dictamen jurídico sobre la amnistía que ha elaborado Sumar propone aplicar esta medida desde enero de 2013 a los independentistas catalanes afectados por el procés y a los policías procesados por las cargas, pero excluye casos como el de la expresidenta del Parlament Laura Borràs, según avanza El Periódico.
Este medio de comunicación asegura haber accedido a este documento, de 39 páginas y dos artículos, y detalla que en él Sumar propone aplicar esta medida de gracia “a todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña, tipificadas como infracciones penales o administrativas” y enmarcadas entre el 1 de enero de 2013 y la entrada en vigor de una futura ley de amnistía.
La fecha de partida, según explican los autores en el dictamen, se debe a que el 23 de enero de 2013 tuvo lugar la resolución del Parlament por la que se aprobó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
Diferenciar las responsabilidades
Sumar cree además que la ley de amnistía debería diferenciar las responsabilidades de los cargos públicos y políticos con las que tuvieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante el proceso del 1 de Octubre y aboga porque la ley cubra “todas las situaciones políticamente pendientes”.
El diputado de Sumar y portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago ha indicado este viernes en rueda de prensa que la ley no debería dejar abiertas responsabilidades judiciales que de continuar impedirían una salida política acordada.
“No tiene ningún sentido dejar abiertas responsabilidades por hechos que no han roto España y que, de mantenerse abiertos, lo único que harían es dificultar esa salida política acordada”, ha señalado, horas después de que la líder de su formación, Yolanda Díaz, haya anunciado que el próximo martes será presentado el dictamen jurídico de Sumar sobre la amnistía.
Para los condenados y para los procedimientos aún abiertos
Santiago ha explicado que una ley de amnistía afecta a las conductas y emana del Legislativo, por lo que se diferencia de los indultos, que se refieren a condenas y las dicta el Ejecutivo.
En este sentido, fuentes de Sumar señalan que la ley afectaría a las conductas tanto si han sido condenadas penalmente como si están en procedimiento abierto. En el primer caso, quien se acoja a la amnistía podría pedir la anulación de la condena y en el segundo el sobreseimiento del caso.
De esta forma, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, indultado por el delito de sedición pero con una condena de inhabilitación, podría solicitar que se le anulara para poder ejercer como cargo público.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
Sin embargo, la ley de amnistía -que fijaría un marco temporal de fechas de en las que han ocurrido los hechos-, también afectaría a las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que obedecieron órdenes y no consideran que cometieron un delito.
“La patata caliente”, inciden otras fuentes del entorno del grupo parlamentario que consideran que puede haber mecanismos, como la renuncia de acción penal, para eximir de responsabilidad a los agentes sin darle trato de haber cometido delito.
De esta forma los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que están encausados, quienes no tienen condenas impuestas y a quienes entienden que tendría que abarcar también la amnistía, recibirían un trato diferenciado que no implicaría prejuzgar que hayan cometido actos ilícitos.
JxCat ya conoce la propuesta
Sumar ha comunicado a JxCat su propuesta de amnistía para los líderes independentistas a través de su negociador, Jaume Asens, y la formación independentista se ha comprometido a dar una respuesta “de la manera más inmediata posible”.
En un comunicado difundido este viernes, JxCat ha agradecido a Sumar “su implicación e interés en la voluntad de llegar a un acuerdo”, a la par que se ha comprometido a hacer “un análisis detallado” y trasladar sus conclusiones sobre esta propuesta.
Bolaños: La propuesta de amnistía de Díaz es respetable, pero no es la posición del PSOE
Por su parte, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha subrayado que la propuesta de amnistía que presentará Yolanda Díaz “no es la posición del PSOE”.
Bolaños, que no ha detallado si el PSOE ha recibido dicha propuesta, ha remarcado que quedan por delante “semanas intensas de negociación, contactos y conversaciones” para lograr acordar la investidura de Sánchez y ha apelado a una máxima: “paso corto y vista larga”.
Díaz insta a Sánchez a hablar con claridad
La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha indicado este viernes, sobre el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones no utilice directamente la palabra “amnistía”, que “hay que hablar con claridad, sobre todo para respetar a la ciudadanía”.
Ha precisado, no obstante, que “la ciudadanía es lista y sabe de lo que estamos hablando” aunque no se mencione una determinada palabra, y ha añadido que “más allá de las palabras, lo que está manifestando el presidente del Gobierno es el alcance de un nuevo tiempo en el que queremos que el conflicto político se acabe de una vez por todas”.
Díaz se pronuncia sobre la manifestación en Barcelona
Sobre la manifestación en contra de la amnistía prevista para el próximo domingo en Barcelona y que cuenta con el apoyo de PP y Vox, la líder de Sumar ha subrayado que a ella no le van a ver jamás “incendiando una parte del país contra otra”.
Ha puntualizado que, como demócrata, respeta el derecho de manifestación, pero ha lamentado que se busque la confrontación con Cataluña, y ha querido responder a unas declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal: “No quiero incendiar Cataluña, quiero tener un país a favor y todas las medidas para acabar con un conflicto político serán bienvenidas”.
A su juicio, “frente a una ofensiva de la derecha y la extrema derecha” contra medidas que pueden favorecer “la reconciliación” y resolver el conflicto político con Cataluña “hay que pasar página”, y ha considerado como “algo muy perverso” que utilicen los tribunales en lugar del diálogo.
