Laura López |
Madrid (EFE).- El refugiado afgano Afsar Khan estaba hasta hace unos días más cerca que nunca de ver la luz al final del túnel: después de dos años de trámites burocráticos, faltaba un último “sí” para poder traer a su familia y ponerla a salvo del régimen talibán que tomó su país.
Pero la demora en el papeleo ha hecho que esta luz se atenúe, de nuevo, hasta la práctica oscuridad: su mujer, su hija de un año, su hijo de siete, sus dos hermanas también menores de edad y sus padres esperaban buenas noticias desde Pakistán cuando fueron deportados de vuelta a su país el pasado 9 de octubre.
“Pueden coger a mi hijo o a mi hija o molestar a mi padre”, explica este joven en una entrevista con EFE sobre los peligros a los que se enfrenta su familia en el país asiático.
Dos años de trámites
Tiene 26 años pero a los ojos de la Administración española tiene 22, ya que cuando llegó en 2017 después de innumerables trenes, buses y caminatas a través de una decena de países no llevaba consigo documentación y le hicieron un “análisis” que arrojó esa edad: “Es que parezco un niño”, bromea.
Tres años después, consiguió la protección subsidiaria que le permite residir y trabajar en España y, en octubre de 2021, a los pocos meses de que los talibanes tomaran el control del país, solicitó ejercer su derecho a hacer su protección extensiva a sus familiares directos, a los que en estos seis años que lleva en España solo ha visto en una ocasión.
Un año y medio más tarde, la embajada de Pakistán solicitó una prueba de ADN para que Afsar demostrara el parentesco con sus siete familiares, la cual arrojó un resultado positivo el pasado mes de junio. De nuevo, la luz, y otra vez, la espera.
Quienes no esperaron más fueron las autoridades pakistaníes, que el pasado 9 de octubre deportaron a más de 1.700 personas afganas a su país, entre ellos, la familia de Afsar.
Los siete viven ahora atemorizados, cambiando constantemente de ubicación para que los talibanes no les encuentren mientras el joven espera con impotencia desde Terrassa (Barcelona) una respuesta a una solicitud que registró hace ya dos años.
“No se nada de nada, ni por internet me dan respuesta ni cuando llamo. Yo mando todo, también mi abogada, y no me dan respuesta de nada”, lamenta.
En España tras huir de los talibanes
Este joven afgano huyó de su país porque su vida corría peligro al ser perseguido por los talibanes, quienes, como él dice, “tienen unas estrictas reglas”: “Si con uno estás mal, con todos estás mal”, explica.
Ahora teme que localicen a su familia, a la que ya expulsaron de una casa que Afsar había arreglado para ellos en Kabul, y puedan “coger” a alguno de sus dos hijos o “molestar” a su padre, al que ya rompieron una pierna en una ocasión.
El riesgo es aún mayor para su hija y sus hermanas, quienes con el cambio de régimen no tienen garantizado en su país el derecho a la educación o al trabajo: “Por eso también les mandé a Pakistán, para que empiecen a estudiar mientras me sale el proceso, porque yo no quiero que ellas se queden sin estudios”, explica Afsar.
Este afgano asegura haber gastado más de 35.000 euros desde que comenzó el proceso, fundamentalmente en la renovación de visados en Pakistán cada tres meses para cada uno de sus familiares y en la educación de los menores.
Dinero que ha conseguido a base de trabajar entre doce y quince horas diarias, primero como empleado en un supermercado de la localidad barcelonesa y, ahora, como regente del mismo.
Inmerso en una nueva espera, Afsar insiste en un mismo mensaje durante la entrevista: “Estoy muy agradecido a España porque me ha dado la opción de vivir y ayudar a mi familia. Ya tengo mi propio negocio y casa, lo único que pido es traer mi familia. Lo pago yo todo, no necesito ninguna ayuda del Gobierno”.
Falta de coordinación y medios de la Administración
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha ejercido la asesoría jurídica en este caso, denuncia la falta de coordinación entre los distintos órganos de la Administración que participan en el proceso y falta de medios, problemas que, en situaciones como esta, pueden tener “consecuencias fatales”.
“Nos vamos a encontrar con la dantesca situación de que una persona que tiene reconocido el estatuto de protección en España no puede llegar de forma segura al país porque se le ha expulsado desde Pakistán debido a los retrasos en la tramitación”, lamenta Elena Muñoz, coordinadora del Servicio Jurídico de la ONG.
Para esta abogada especialista en asilo, esta tramitación “debería ser muy sencilla” y, sin embargo, en “casi todos los casos” que ella ha conocido se dan retrasos que pueden ir desde los ocho meses hasta los tres años, con la “implicación emocional” que esto supone tanto para los familiares como para las personas refugiadas.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por EFE han señalado que no pueden informar sobre el caso de Afsar por cuestiones de confidencialidad, pero han precisado que la prueba de ADN para comprobar el parentesco es un requisito “de último recurso, que se pide únicamente cuando no se ha aportado la documentación necesaria o no ha quedado debidamente acreditado”.
Han asegurado que desde esta parte del Gobierno son “conscientes de que la tramitación y resolución de estos expedientes puede dilatarse en el tiempo”.
Y, en este sentido, han informado de que en las últimas semanas este ministerio ha trabajado con Interior para “mejorar la coordinación” con la Oficina de Asilo y Refugio y firmado un procedimiento para “simplificar y aligerar” la tramitación de las solicitudes de extensión familiar de asilo.
