Madrid (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado entre 8 y 27 años de cárcel por terrorismo para doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que, supuestamente, planeó sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019.
El Ministerio Público ha remitido ya su escrito de conclusiones provisionales en esta causa, en la que acusa a ocho de los investigados de un delito de pertenencia a organización terrorista, otro de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, y un tercero de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.
Para esos ocho investigados pide las penas más altas, 27 años de prisión, mientras que para los otros cuatro solicita ocho años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, en el marco de una investigación que podría encuadrar en la futura ley de amnistía, que se encuentra en trámite parlamentario.
La violencia como método para forzar la independencia
“Su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España”, sostiene en su escrito de 61 páginas el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.
Los miembros de esta facción radicalizada, denominada Equipo de Respuesta Táctica (ERT), tuvieron “participación activa” en la materialización de algunas de las acciones “más contundentes” de los CDR.
Entre ellas, el fiscal enumera cortes de carretera, un vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba a los presos del ‘procés’ desde el centro penitenciario de Lledoners, o el levantamiento de las barreras de los peajes.
También les acusa de la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, que asumieron el encargo recibido de un denominado ‘CNI Catalán’ para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente.
Planificación de atentados y acciones violentas
También fueron hallados indicios de actos preparatorios para cometer atentados, por parte de uno de los principales acusados, Jordi Ros, y otros miembro de la organización consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados.
En las fotografías de los objetivos seleccionados figuran determinados aspectos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas (entre otros), agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.
Entre estos posible objetivos se encontraban la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno en Barcelona, la Fiscalía del TSJC, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, así como miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión y peajes en autopistas.
La Fiscalía destaca en particular “el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona”, en el municipio de San Andreu de la Barca, que llevó a cabo Jordi Ros acompañado de su pareja sentimental Montserrat Casas.
Fabricación de artefactos explosivos: Termita
De la investigación se deduce que, en su intención de perpetrar acciones violentas, los acusados disponían de dos laboratorios clandestinos para la fabricación casera de sustancias explosivas o deflagrantes.
En esto tenía “un papel fundamental” el acusado Alexis Codina, en cuyo domicilio se encontraba uno de esos laboratorios, al que acudieron varios de los otros miembros del grupo, “habitualmente en horas nocturnas, detectándose potentes destellos seguidos de grandes humaredas”.
Estos acusados, además de dedicarse a la producción de los elementos componentes del agente incendiario Termita (una composición pirotécnica de aluminio y un óxido metálico), realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias y/o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia Termita.
Codina y otros de los acusados, Germinal Tomás Abueso, contactaron incluso con un experto en química, al que denominaban ‘Dr.Chemicals’, para que les asesorase sobre la fabricación y elaboración de la Termita.
En cuanto a la obtención de conocimientos para la elaboración de esta sustancia, la Fiscalía destaca un vídeo que vieron juntos Alexis Codina y Jordi Ros, el 12 de septiembre de 2019, sobre posibles teorías alternativas a los atentados del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York.
