Madrid (EFE).- Un nuevo informe de los letrados del Congreso, pertenecientes a la Comisión de Justicia que debe tramitar la ley de amnistía, muestra dudas de que la proposición de ley tenga cabida en la Constitución y señala que debería ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional.
Según el texto de este informe, presentado a los ponentes de la Comisión de Justicia que ayer admitió a trámite las enmienda parciales registradas por los partidos políticos, la proposición de ley adolece de falta de determinación en el ámbito de su aplicación tanto en cuanto a los delitos amnistiados como en el plazo en el que se cometieron.
En este sentido, los letrados recuerdan que esto no se corresponde con el “carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la Ley”.
Posible lesión de la seguridad jurídica
Además, inciden en que la indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía podría lesionar el principio de seguridad jurídica y recuerda que la determinación de supuestos y destinatarios ha de ser especialmente precisa en las leyes singulares.
Los letrados también llaman la atención en el artículo referido a los numerosos actos y acciones enumerados que pueden ser amnistiados y sobre todo avisan sobre los actos que hubieran consistido en la aprobación de leyes, “cuya competencia no corresponde a autoridades o funcionarios públicos sino a órganos parlamentarios”.
En cuanto al marco de aplicación de la ley también advierten de que se queda abierto a acciones que para ser amnistiadas no precisan encontrarse “directamente relacionadas con estas consultas” y pueden haber “sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”.
No excluye su inconstitucionalidad
Según los letrados de la Comisión de Justicia, aunque el primer informe jurídico que emitió el secretario general del Congreso afirmaba que la iniciativa no entraba en una contradicción palmaria con la Constitución y se admitió a trámite para posibilitar el debate parlamentario, no se debe excluir una eventual inconstitucionalidad.
Incluso ven dudas de que se pueda deducir que la amnistía, como figura jurídica, esté permitida por la Constitución, ya que está abierta al ámbito de decisión del legislador.
El documento, al que ha tenido acceso EFE, y que consta de 13 páginas realiza observaciones a cada uno de los artículos del proposición de ley y a parte de señalar una exposición de motivos extensa ve contradicciones con algún apartado de la iniciativa.
Se refiere al que indica que sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente y al que declara que los recursos contra las decisiones que se adopten en cumplimiento de la ley no tendrán efectos suspensivos.
La ampliación de la amnistía a 2011 beneficiaría a Homs
La ampliación del alcance de la amnistía a noviembre de 2011, que propone Junts en sus enmiendas a la futura ley, permitiría beneficiar al exconseller Francesc Homs, encausado por la adjudicación de contratos y subvenciones a dedo en la promoción exterior del ‘procés’.
Según han señalado a EFE fuentes de Junts, su objetivo al ampliar el marco temporal de la amnistía, que según el texto inicial incluía los hechos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, es lograr el perdón para los investigados en la causa abierta en Barcelona contra excargos del Govern por la promoción exterior del procés.
La investigación deriva de una querella que presentó la Fiscalía, en base a un informe del Tribunal de Cuentas sobre gastos del procés, contra el exconseller Raül Romeva y una decena de excargos de la Generalitat por malversar supuestamente un millón de euros para “internacionalizar” el procés mediante contratos arbitrarios.
La Fiscalía marca el inicio de ese presunto desvío de fondos en noviembre de 2011, cuando Homs, desde su cargo de secretario general del Departamento de Presidencia, fragmentó indebidamente la contratación de servicios a una agencia de viajes para pagar los gastos de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior.
Bolaños: hay informes previos que sí la avalan
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que hay informes de letrados del Congreso que avalan la constitucionalidad de la ley de amnistía y que van en una línea distinta al último conocido este miércoles.
Así lo ha dicho Bolaños a los periodistas tras reunirse en el Ministerio con la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.
“Hay distintos informes, de penalistas, de catedráticos de constitucional y que yo conozca hay tres de letrados del Congreso y todos ellos son respetables y los vamos a analizar desde el Gobierno”, ha asegurado Bolaños.
Ha recordado que “hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso en el que no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y en marzo de 2018 hubo otro también de los letrados de la cámara que decía que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional”.
El PP: un “misil” contra la Constitución
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho este miércoles que el informe de los letrados de la comisión de Justicia certifica que la ley de amnistía es “un misil en la línea de flotación del Estado de derecho” y ha reivindicado al PP como “el único referente del constitucionalismo”.
Tellado ha valorado el informe durante su intervención en la inauguración de la Mesa Sociedad Civil y Amnistía en el marco de las Jornadas Frente a la Amnistía: igualdad, libertad y dignidad” organizadas por su grupo parlamentario.
El portavoz popular ha destacado que queda certificado “negro sobre blanco” que el texto pactado por el PSOE y Junts no tiene cabida en la Constitución y que “el disparate es de tal calado que requeriría una reforma” de la propia Carta Magna.
Confirma además, en su opinión, que ataca la separación de poderes y que el Gobierno ha hecho esta ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos y comprarse los votos que necesitaba para la investidura de Pedro Sánchez.
