Madrid (EFE).- La Fiscalía considera que el juez Manuel García-Castellón no es competente para investigar en una pieza secreta las supuestas filtraciones en la causa de Tsunami Democrátic, de modo que ha pedido a la Audiencia Nacional que lo remita a los juzgados de instrucción de Madrid.
El magistrado acordó la semana pasada abrir una pieza separada dentro del caso Tsunami, con carácter reservado, para esclarecer si se cometió un posible delito de revelación de secretos por la filtración de la respuesta de Suiza a la comisión rogatoria remitida para la localización de la dirigente de ERC Marta Rovira.
García-Castellón encargó a la Guardia Civil que investigue la posible comisión de ese delito por parte de “las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta por las autoridades suizas”.
La Fiscalía cree que el juez no tiene competencias
Una decisión que, según informan a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al considerar que el juez no tiene competencia para investigar estos hechos, sino que, en su caso, correspondería a un juzgado de instrucción de Madrid.
Sucedió lo mismo en la causa sobre los CDR
Ya sucedió, por ejemplo, en la causa sobre una facción de los Comités de Defensa de la República (CDR), en la que las defensas pidieron investigar también supuestas filtraciones del caso y la Fiscalía solicitó al juez remitirlo a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, al ser estos los competentes.
En esa ocasión, las defensas solicitaron a García-Castellón, encargado también de esta investigación, abrir una pieza separada para investigarlo, si bien el magistrado siguió el criterio del fiscal Miguel Ángel Carballo y lo envío a los juzgados de Madrid, que acabaron archivando la causa.
Ahora, este mismo fiscal ha recurrido directamente ante la Sala de lo Penal la decisión de García-Castellón de investigar las supuestas filtraciones de Tsunami y le pide que siga el mismo criterio que adoptó en la causa de los CDR.
El fiscal no comparte que haya ningún tipo de conexión entre los delitos que se investigan en el caso Tsunami, que se habrían producido en 2019, y la supuesta revelación de secretos ocurrida la semana pasada, ni cree que esas presuntas filtraciones persigan la impunidad de los imputados o les beneficien en modo alguno, según las fuentes.
No hay razón, por tanto, para que esta línea de investigación se quede en la Audiencia Nacional, según el fiscal. En su auto, dictado la semana pasada, García-Castellón ordenó a los investigadores “eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores”, y les instaba a que le reportasen los avances “directamente” a él.
Respuesta de Suiza a la comisión rogatoria
La respuesta de Suiza a la comisión rogatoria fue publicada por varios medios de comunicación antes de que llegase al juzgado.
En su respuesta, las autoridades suizas piden al juez que amplíe los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter “político”, lo que le impediría colaborar con la justicia española.
Ese documento, fechado en Berna el 22 de diciembre, entró en el Registro General del Ministerio de Justicia el 29 de diciembre, según consta en el sello con el que fue remitido al juzgado.
