Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha retirado el pasaporte a un comandante de la Guardia Civil destinado en la embajada de España en Venezuela, investigado por cohecho en una pieza hasta ahora secreta del caso Koldo, sobre presuntas comisiones en contratos de compra de mascarillas en pandemia.
Según informan a EFE fuentes jurídicas, este comandante, Rubén Villalba Carnerero, que trabaja como diplomático en la embajada de España en Caracas y que fue detenido el pasado lunes y puesto en libertad, ha comparecido este miércoles ante el juez como investigado por los delitos de organización criminal y cohecho.
Tras tomarle declaración, el magistrado ha acordado mantenerle en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.
Tenía pasaporte diplomático
Este nuevo investigado en la causa, según las fuentes, fue destinado a la embajada de Venezuela como agregado de Interior hace unos dos años, lo que le permitía disfrutar de pasaporte diplomático que conlleva la exención de la mayoría de los controles de aeropuerto, entre otros beneficios.
Antes de ese destino estuvo en el servicio de Información de la Guardia Civil, especializado en terrorismo islamista.
El interrogatorio se ha producido en el marco de una línea de investigación hasta ahora secreta que el juez Ismael Moreno abrió para indagar sobre varias cuentas bancarias y practicar un nuevo registro en un pueblo de Córdoba, que tuvo lugar este lunes, cuando el comandante se encontraba en España, añaden las fuentes.
Tras dicho registro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de esta pieza y ha tomado declaración al guardia civil.
Su posible relación con Koldo García
En el sumario de la causa consta un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que alude a una llamada telefónica del 19 de septiembre de 2023 entre Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, y uno de los empresarios clave de la investigación, Juan Carlos Cueto.
En dicha conversación, que versaba sobre otro de los principales investigados, Víctor de Aldama, Koldo García “comenta que hay un empresario de Venezuela que le ha pedido ayuda (a Koldo) para un tema (sin especificar), y que este empresario quiere agredir a Aldama”.
Cuenta, según el informe, que “quedó con esta tercera persona de Venezuela porque fue con un amigo suyo ‘de los verdes’ que se va ahora para allá (en alusión a Venezuela) cinco años, y al que él le ha abierto un par de puertas”.
Y le comenta además que fue “en esa reunión con la persona de Venezuela donde esta le comunicó que Aldama le había estafado y robado”.
La UCO interpreta de lo expresado por Koldo García que esa referencia a uno “de los verdes” aludiría a “algún miembro de la Guardia Civil que se haya ido o se vaya a ir a trabajar durante cinco años a Venezuela”.
La UCO encontró 24.000 euros en la casa de Koldo García
La UCO encontró 24.000 euros en efectivo en la casa de Koldo y una libreta con “anotaciones referentes a dinero en metálico” junto a una fecha y bajo el epígrafe “ingresos”.
Los investigadores dan cuenta en un informe del dinero en efectivo hallado en los registros practicados en los domicilios de los investigados de la operación Delorme, incluido Koldo García y algunos de sus familiares, como su hermano Joseba, en cuya casa de Benidorm (Alicante) encontraron 5.850 euros en metálico.
En la casa del exasesor de Ábalos, en Polop de la Marina (Alicante), los agentes encontraron esos 24.000 euros en efectivo y una libreta que, bajo el epígrafe “Ingresos”, incluía referencias como “23-01 Metálico 10.000” o “28-01 Alquiler 700”, entre otras.
Relacionado con Koldo García los agentes también encontraron un papel con la anotación “Koldo 17.800” y bajo el título “Préstamos” en el depósito judicial de Murcia, cuyo responsable Rogelio Pujalte “mantiene una relación personal y directa” con el exasesor de Ábalos, según la Guardia Civil.
La UCO extiende la trama a las PCR y halla conversaciones sobre Illa
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) extiende los tentáculos de la trama de mascarillas vinculada a Koldo a la comercialización de test de antígenos y pruebas PCR e incluye conversaciones sobre el “ok” que debía dar el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Son conversaciones mantenidas entre 2021 y 2022 entre “los 4 mosqueteros”, como se denomina el grupo de whatsapp en el que participa Víctor de Aldama, uno de los empresarios detenidos como principales artífices de la red de presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas, con tres supuestos socios, que también fueron arrestados.
Son César M.G, Javier S.C. e Ignacio D.T., vinculados a un laboratorio llamado Megalab, y en los chats interceptados por la Guardia Civil dejan constancia de sus gestiones para conseguir distribuir las pruebas PCR y por satisfacer los encargos que les hace un tal “Rubén” para realizar esa prueba, por ejemplo, a un teniente de la Guardia Civil o la “futura alcaldesa de Valdemoro”.
