Santa Cruz de Tenerife, (EFE).- La Audiencia Nacional ha avalado la entrada, registro y puesta a disposición ante un juzgado de Tenerife de la tripulación de un buque con bandera de Togo interceptado por las autoridades españolas el 18 de enero de 2023 con 4,5 toneladas de cocaína y que procedía de Sudamérica.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Nacional respalda todas las actuaciones judiciales dictadas y practicadas entonces, y rechaza las alegaciones de los procesados, quienes se quejaban de que no se contó con la correspondiente jurisdicción ni competencia al practicarse el abordaje en aguas internacionales.
Detenidas 15 personas
En aquella operación fueron detenidas 15 personas, de las que seis han presentado este recurso judicial con el fin de anular el abordaje, que se produjo a unos 150 kilómetros de Canarias.
Los recurrentes denunciaban que no se dispuso de autorización “previa y fehaciente” de las autoridades de la República de Togo y pedían que quedara sin efecto la entrada en prisión de los tripulantes.
Los detenidos aseguran que no cometieron ninguna infracción penal, “viéndose involucrados en contra de su voluntad en una serie de acontecimientos en los que no podían hacer nada sin poner en peligro su vida y la del resto de la tripulación ajena a los hechos aquí investigados”.
Importante cantidad de cocaína
La Audiencia responde que todos ellos se encontraban en una embarcación en la que se halló una importante cantidad de cocaína, por lo que se considera que existen suficientes indicios de criminalidad y ya en su día será el tribunal correspondiente el que tome la decisión definitiva.
La Fiscalía apunta que, si las fuerzas que procedieron al abordaje hubieran detectado cualquier situación comprometida como un secuestro, lo hubieran hecho constar en el correspondiente atestado.
El Ministerio Público apela a la Convención del Mar de Montego Bay que autoriza la “visita” a buques sospechosos sin el consentimiento del Estado del pabellón, excepto determinados supuestos que sí podrían dar lugar a una indemnización.
Abordaje e inspección de la nave
En este caso concreto se apreciaron indicios de que el barco pudiera transportar estupefacientes, por lo que se contactó con las autoridades togolesas que autorizaron el abordaje e inspección de la nave y también se contó con el permiso del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Ante la queja de que era insuficiente la licencia emitida desde Togo en el mensaje remitido por CITCO a Vigilancia Aduanera, la Audiencia apunta la posibilidad de que se aporte el original y también la traducción, si se estima conveniente.
Operación de tráfico de drogas
Las autoridades españolas pudieron acceder a la embarcación, inspeccionarla y descubrir pruebas de la implicación en el tráfico ilícito, por lo que adoptaron las medidas adecuadas sobre la nave, las personas y la carga que estaban a bordo.
Tras la autorización administrativa se emitió otra judicial, una vez que se constató la presencia de sustancias psicotrópicas y, a continuación, se remitieron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que autorizó el registro y presentó la querella.
“Las sospechas policiales sobre la posible realización de una operación de tráfico de drogas a gran escala autorizan a realizar vigilancias sobre un barco y a controlar su trayecto. De manera que las autoridades oficiales, en cumplimiento de sus obligaciones, pueden acercarse y verificar con los medios a su alcance la regularidad de la navegación y la concurrencia o no de elementos sospechosos”, se indica el auto emitido a finales del pasado febrero.
