Madrid (EFE).- Familiares de fallecidos en las residencias de mayores madrileñas durante la pandemia de la covid-19 han entregado este jueves en la Asamblea regional el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, en el que piden la reapertura de la comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido.
Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.
Que se sepa la verdad
En sus conclusiones, la Comisión Ciudadana, presidida por el jurista José Antonio Martín Pallín, señala que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aplicó cuatro protocolos que establecían criterios discriminatorios en las derivaciones de personas enfermas de las residencias a los hospitales, por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado.
Según el análisis, el Ejecutivo madrileño no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020, ni utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias, como el hospital provisional instalado en Ifema, ni los derivó a hospitales privados.
En sus recomendaciones, la Comisión insta a los poderes públicos a garantizar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid y plantea que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder “la grave vulneración de derechos” descrita en el informe.
Por ello, piden que se reabra de forma inmediata la comisión de investigación sobre la pandemia en la Asamblea de Madrid, cuyo trabajo quedó “inacabado” en sus comienzos para establecer responsabilidades políticas, proponer las mejoras necesarias en el modelo de atención a las personas mayores y en el sistema sanitario, además de estudiar la reparación a las víctimas y a sus familiares.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha dicho que la Comisión Ciudadana está formada por personas “vinculadas a partidos de la izquierda y de la extrema izquierda” y que sus conclusiones son “políticas”, por lo que, a su juicio, “no se pueden equiparar a las alcanzadas por comisiones de expertos”.
