Madrid (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este jueves que “en absoluto” se plantea dimitir tal y como ayer exigió el Senado con la mayoría absoluta del PP, pues además de defender que “no ve razón” para hacerlo, considera que es un “error” que se someta al control de la cámara alta a un actor que no es político.
“Es un error de concepción de lo que es el Ministerio fiscal y de lo que es el Fiscal General del Estado en una democracia”, ha argumentado García Ortiz en una entrevista en la cadena Ser, en la que ha apuntado que, a su juicio, Dolores Delgado, no incurre en ninguna incompatibilidad para ser fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y, por tanto, volverá a ser propuesta para este puesto.
García Ortiz ha lamentado la “dinámica” que el PP y otros grupos parlamentarios están empleando contra el Ministerio Público y se ha preguntado si con su reprobación en el Senado no se está convirtiendo esta cámara en “un tribunal de honor” contra un cargo que es público pero no es político y que no se puede defender de acusaciones, “la mayoría inciertas y falsas”
“El Fiscal General del Estado no está sometido al control político del Senado porque no es parte de ese Gobierno”, ha subrayado García Ortiz antes de admitir que, si bien todas las decisiones se pueden hacer “mejor o peor”, todas también tiene “una explicación y se pueden explicar en términos racionales”.
De hecho, ha insistido en que para eso existen luego los tribunales que pueden corregir cualquier decisión porque tienen otro criterio.
Ve “tosco” el razonamiento para anular el nombramiento de Delgado
Precisamente, preguntado por si considera una equivocación proponer a Dolores Delgado como fiscal de Memoria democrática cuando el Tribunal Supremo tumbó en noviembre ya su nombramiento como fiscal togada del Supremo, García Ortiz ha defendido su designación porque “es la fiscal más preparada” para este puesto.
Ha calificado de “razonamiento tosco” el esgrimido por el Tribunal Supremo para anular su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática. “Realmente es una cuestión más formal que real”, ha defendido para seguidamente apuntar que no descarta volver a proponerla para el cargo cuando el expediente vuelva al punto de partida y a ser evaluado por el Consejo Fiscal.
García Ortiz ha negado que exista “complicidad” entre miembros de la judicatura y partidos políticos, pero sí ha señalado que “en el ejercicio de su profesión, los miembros de la judicatura y los partidos políticos están combinados”.
El derecho de la Fiscalía a rebatir bulos
Sobre la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos al difundir una nota de prensa sobre su supuesto fraude a Hacienda, ha asegurado que entiende que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la haya admitido a trámite aunque los Junta de fiscales de sala se opuso.
“Entiendo la decisión de abrir. No la comparto porque conozco la verdad, como la conocían los compañeros de la Fiscalía de sala”, ha señalado García Ortiz, quien ha hecho hincapié en que la querella no contiene toda la información sobre lo ocurrido y oculta, por ejemplo, que previamente se había filtrado ya de manera “sesgada” un correo de la fiscalía al abogado del novio de Díaz Ayuso.
Según sus palabras, solo se hizo una mención a un correo para rebatir un bulo, “una falsedad intencionada que quería poner a la Fiscalía a los pies de los caballos y quería cuestionar nuestro trabajo, me parece que es lo que teníamos que hacer”, ha asegurado tras asumir como propio el comunicado de prensa.
Ha rechazado que haya revelación de secretos, ya que la información que se difundió en la cuestionada nota ya había sido revelada y, aunque se hizo público un extracto de un correo del abogado, no se difundió el documento adjunto “prolijo” con cifras de empresas y posibles acuerdos concretos.
