Madrid (EFE).- Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del ‘procés’ han informado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la orden de detención contra el expresident catalán Carles Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía y que no ven viable aplicar la norma al delito de malversación.
García Ortiz se ha reunido esta mañana con los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el ‘procés’ así como con el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional para fijar posiciones y evitar criterios dispares en la aplicación de la amnistía. Mañana, viernes, continuará con la cúpula fiscal de Cataluña.
Fuentes jurídicas informan a EFE de la posición que este jueves han trasladado a García Ortiz los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, críticos con la norma, que este mismo jueves ha sido aprobada definitivamente por el Congreso.
Las medidas cautelares no pueden ser alzadas
Los fiscales le han explicado que las medidas cautelares y ordenes de detención, que afectan, entre otros, a Puigdemont, no pueden ser alzadas, pese a que la ley contempla que deben de ser levantadas de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE.
Además de Puigdemont, el juez del Supremo, Pablo Llarena, mantiene vigentes las órdenes nacionales de detención contra los exconsellers Toní Comín y Lluis Puig.
La supuesta llegada de Puigdemont en próximas fechas está condicionada precisamente a que Llarena levante esa orden de detención, de la que tienen que informar estos fiscales.
No se puede amnistiar el delito de malversación
En el encuentro, los fiscales del ‘procés’ también han trasladado al fiscal general que no se puede amnistiar el delito de malversación porque está excluido, lo que afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito, que son el exvicepresident catalán Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Y también concierne a tres de los fugados que son Puigdemont, Comín y Puig, procesados por malversación y desobediencia.
De esta forma, los fiscales entienden que la amnistía solo se puede aplicar a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Los fiscales han formalizado su posición no solo verbalmente sino mediante la entrega de un escrito al fiscal general en el que, además, razonan la procedencia de solicitar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE y otra de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Fuentes fiscales informan de que García Ortiz se ha limitado a tomar nota y se ha comprometido a estudiar la posición y argumentos de los fiscales del ‘procés’, que será la que plasmen en sus escritos una vez que informen al Tribunal Supremo cuando corresponda.
Un procesado, el primero en pedir la amnistía a la justicia
Por otro lado, David Palanques, exresponsable del área de Tecnología del Departamento de Trabajo y procesado por un delito de malversación por los preparativos del 1-O, ha sido el primero en pedir a la justicia que archive la causa en aplicación de la ley de amnistía, una vez que entre en vigor.
El abogado David Aineto, que representa a Palanques, ha acudido este mediodía personalmente al juzgado a presentar un escrito en el que pide el sobreseimiento libre de la causa, que se abrió hace siete años, y que se devuelvan a los procesados las cantidades que entregaron como fianzas para hacer frente a eventuales responsabilidades civiles.
Aineto solicita el archivo “en estricto cumplimiento de la ley de amnistía” que, recuerda el escrito, se ha aprobado hoy en el Congreso de los diputados y establece en su disposición final que estará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Policías tachan de “atropello” democrático la amnistía
Asimismo, los dos principales sindicatos policiales, Jupol y SUP, han calificado la aprobación de la amnistía como el “mayor atropello” contra la igualdad ante la ley de la democracia, porque podría dejar a policías nacionales como los “únicos” imputados en procesos judiciales del procés.
