Madrid/Barcelona (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abordado con la cúpula fiscal de Cataluña cómo garantizar la “unidad de actuación” en la aplicación de la amnistía y ha dado indicaciones para responder a las dudas que plateen los jueces ante la Justicia europea o el Tribunal Constitucional.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, en la reunión los fiscales catalanes no han trasladado dudas ni objeciones sobre el alcance de la amnistía, como han hecho los fiscales del Tribunal Supremo en un informe en el que se oponen a que se aplique a la causa del ‘procés’.
En el encuentro, de hecho, no se han analizado casos ni delitos concretos que puedan estar afectados por la ley de amnistía, aunque se han tratado de establecer los canales necesarios para garantizar la comunicación con la Fiscalía General del Estado en el caso en el que surjan dudas o discrepancias sobre cómo aplicarla.
Eso sí, la Fiscalía General ha recordado a los fiscales catalanes el contenido de las instrucciones del Ministerio Público sobre los pasos para responder a posibles cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad que los tribunales puedan elevar al Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) o al Constitucional.
“Garantizar la unidad de actuación de la Fiscalía en todos los casos”
A la reunión, celebrada en la sede de la Fiscalía General, han acudido el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, los cuatro fiscales jefes provinciales y los seis fiscales jefe de área. Previamente, García Ortiz se ha visto con los fiscales jefe de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que se ha tratado de una “reunión técnica y de coordinación” para “garantizar la unidad de actuación de la Fiscalía en todos los casos” con el fin de “aplicar la ley de la misma forma en todo el territorio y en todas las instancias”.
No se ha hecho análisis jurídico de los casos más relevantes abiertos en Cataluña ni se han vertido opiniones políticas sobre la norma, añaden las fuentes.
En principio, se ha acordado que la Fiscalía se pronunciará sobre la aplicación de la amnistía en cada caso una vez los tribunales les den traslado para que se posicionen.
Y que también concierne a tres de los fugados que son el expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toní Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia.
Además de los cuatro fiscales del juicio del ‘procés’, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, el fiscal general se reunió también con la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, los jefes de la dos secciones de Penal del alto tribunal y el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional.
La ley excluye el delito de malversación
En la primera jornada de reuniones, los fiscales del Supremo comunicaron al fiscal general que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, “afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)”, al tiempo que le informaron de que la orden de detención contra el expresident catalán Carles Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía.
Causas afectadas por la amnistía
Cataluña es el lugar donde existen más causas afectadas por la amnistía, que el Ministerio Fiscal había fijado en unas 300 sin contar con aquellas que se circunscriben a hechos ocurridos en Barcelona, donde más incidentes se produjeron durante el ‘procés’.
Se trata de la segunda jornada de reuniones ya que ayer se citó con los cuatro fiscales que participaron en el juicio del ‘procés’, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, críticos con la norma, así como con la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, los jefes de las dos secciones de Penal del alto tribunal y el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional.
Oposición a amnistiar el delito de malversación
Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del ‘procés’ comunicaron al fiscal general que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, “afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)”, al tiempo que le informaron de que la orden de detención contra el expresident catalán Carles Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía.
Estos fiscales le entregaron un extenso documento en el que no ven viable amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados el exvicepresident catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Y que también concierne a tres de los fugados que son el expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toní Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia.
Los cuatro fiscales le explicaron también que las medidas cautelares y ordenes de detención, que afectan, entre otros, a Puigdemont, no pueden ser levantadas, pese a que la ley contempla que deben de ser alzadas de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE.
