Madrid (EFE).- La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que levante la orden de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados en el “procés”.
En sendos informes, el ministerio público solicita formalmente al alto tribunal que aplique la ley de amnistía íntegramente al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- o la dirigente de ERC Marta Rovira, a quienes reclama que se les retire las órdenes de detención.
Los informes los firman la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, después de que los cuatro fiscales del procés, partidarios de no perdonar la malversación, se retirasen del caso tras chocar contra el criterio del fiscal general del Estado, que aboga por aplicar la amnistía.
Tras un profundo debate en el seno de la carrera, finalmente salió adelante la tesis del fiscal general, defendida por estos dos altos cargos, que piden al Supremo que decrete el archivo de una causa que se remonta a 2017 para todos los líderes soberanistas implicados, declare extinguidas las penas de inhabilitación aún vigentes -para Junqueras, hasta 2031-, y elimine los antecedentes penales.
La Fiscalía defiende que todos los delitos de la causa, incluida la malversación, encajan en la ley de amnistía dado que no se cumplen los requisitos que la norma deja fuera del perdón: que haya enriquecimiento personal o que afectase a los intereses económicos de la UE.
Puigdemont defiende ante el Supremo que la “única solución” es retirar la orden de arresto
Por su parte, el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha pedido al Supremo que levante la orden de arresto que pesa contra él como “única solución” conforme a la ley de amnistía, y proceda a “declarar amnistiados” todos los hechos que se le atribuyen en el “procés”.
La defensa de Puigdemont ha presentado un escrito ante el magistrado que le investiga desde 2017, Pablo Llarena, en el que defiende que la ley de amnistía conduce de manera “inevitable” al borrado de la orden de busca y captura nacional e ingreso en prisión que pesa contra él como procesado en rebeldía por malversación agravada y desobediencia.
Sostiene el letrado Gonzalo Boye que “debe primar el derecho a la libertad personal” y defiende que todos los hechos que se le atribuyen, incluida la malversación, “se encuentran inequívocamente comprendidos” en el paraguas de la amnistía, de modo que solicita el archivo de la causa.
Según el escrito, restringir la libertad personal de Puigdemont con la amnistía en vigor vulneraría los principios de “proporcionalidad y necesidad” e iría en contra de los criterios del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además de la propia ley de amnistía.
En contra de lo que sostienen los fiscales del procés -que ya han sido apartados de la causa-, Puigdemont coincide con el Fiscal General del Estado al subrayar que no se puede identificar el ánimo de lucro que el Supremo atribuyó a los líderes del procés en su malversación, con el propósito de enriquecimiento, que la ley de amnistía excluye del perdón.
Junqueras insiste en no quedar excluido de la amnistía
Asimismo, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras ha alegado ante el Supremo que su condena por malversación no puede quedar excluida de la amnistía, porque esa fue la “voluntad y orientación político-legislativa” expresada por el legislador cuando aprobó la ley.
El abogado de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo, que la semana pasada pidió a las partes que se pronunciaran sobre la aplicación de la amnistía a los líderes independentistas condenados en la sentencia del procés.
Vox plantea llevar la amnistía al TJUE
Vox, que ejerce de acusación popular en la causa, ha planteado al Tribunal Supremo la posibilidad de consultar la ley de amnistía ante la justicia europea al considerarla “incompatible” con el derecho comunitario, al mismo tiempo que mantiene vigente la orden de arresto contra Carles Puigdemont.
El partido de Santiago Abascal ha presentado ya el escrito de alegaciones que le reclamó el Tribunal Supremo tras la entrada en vigor el pasado martes de la ley de amnistía, que la formación considera que no debe aplicarse al “procés”.
En su informe, al que ha tenido acceso EFE, Vox defiende que los delitos asociados al “procés” no deben ser amnistiados, si bien solicita de forma subsidiaria que el Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Una vez recabados todos los informes, que se esperan este miércoles, el juez Pablo Llarena y la Sala de lo Penal deberán decidir si el “procés” entra en la amnistía, en qué grado o si procede elevar una cuestión a un tribunal superior, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
