Barcelona (EFE).- El juez del caso Volhov ha abierto una nueva pieza sobre la supuesta injerencia rusa en el ‘procés’, con la ley de amnistía ya en vigor, en la que ahora implica, entre otros, a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, por los delitos de alta traición y malversación.
Pocos días antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, la Audiencia de Barcelona, en una resolución del pasado 4 de junio, impidió al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia en busca de apoyos para el ‘procés’, en una causa que apuntaba al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de alta traición.
Nueva pieza separada
Semanas después, y con la amnistía ya en vigor, el magistrado ha abierto una nueva pieza separada, también relativa a las conexiones del independentismo con Rusia en apoyo del ‘procés’, en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que implica, además de a Puigdemont y Mas, a la exalto cargo del Govern Elsa Artadi, al diputado de Junts Francesc Dalmases y al abogado Gonzalo Boye, entre otros.
Puigdemont y Dalmases, ambos diputados, son aforados y el juez no les puede imputar, por lo que Aguirre anuncia que cuando finalice la “parte esencial” de la instrucción de esta pieza separada elevará una exposición razonada para que sea el “órgano superior competente” quien les investigue.
Para soslayar la orden de la Audiencia de Barcelona de no seguir investigando la trama rusa -ante lo que el juez tenía como opciones archivar el caso, enviarlo a juicio o elevarlo al Supremo si apreciaba indicios de delito en Puigdemont-, el magistrado ha optado por abrir una nueva pieza separada a partir de la única pieza que le queda abierta de la macroinvestigación de Volhov, que trata del supuesto desvío de fondos a entidades afines de la antigua CDC.
Interceptación de una conversación
Fue en el marco de esta causa cuando se interceptó una conversación en la que el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas hablaba de “10.000 soldados rusos” para apoyar a los independentistas catalanes y de que Rusia estaba también dispuesta a ayudar financieramente a una eventual Cataluña independiente.
Según el juez, los “hallazgos” obtenidos durante la investigación de las actividades de Terradellas han alcanzado un “gran volumen” que ha permitido constatar la participación de otras personas en una trama para obtener “ayuda financiera de China” y en la colaboración de ciudadanos rusos “cercanos al Gobierno”.
El juez replica a la Audiencia, que le reprochó que había tenido “tiempo suficiente” para aclarar la supuesta injerencia rusa y que había sometido a la investigación a “seis meses de completa inactividad”, afirmando que la defensa del jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay -investigado en la pieza inicial de la trama rusa-, le había recusado, por lo que mientras se resolvía esta cuestión no podía ordenar diligencias.
Aguirre remarca que la Audiencia rechazó su recusación cuando ya le había impedido seguir investigando la trama rusa, “lo cual abocaba a un sobreseimiento de la injerencia rusa ante la falta de instrucción suficiente”.
No obstante, interpreta que, una vez la Audiencia ha denegado su recusación, “no hay inconveniente procesal” en seguir la instrucción de la cuestión rusa en otra pieza separada siempre que esta última “tenga ligazón suficiente para desgajar de ella la injerencia rusa”. “Y esta ligazón existe”, apunta, en relación al contenido hallado en el teléfono de Terradellas.
También se escuda en dos resoluciones del Parlamento Europeo, de febrero y abril pasados, en las que, basándose en noticias sobre el caso “Volhov”, se instaba a investigar “toda posible conexión de eurodiputados con Rusia, incluidas las vinculadas al secesionismo catalán”.
“Por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la Unión Europea, este Magistrado se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales” que planteó la Audiencia de Barcelona para anular las prórrogas de la investigación sobre la trama rusa, alega el juez.
Aguirre asegura que “se han hallado indicios más que suficientes que justifican sobradamente la apertura de esta pieza separada”, ya que Puigdemont y su entorno “habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social”.
Mas y Puigdemont, con capacidad para decidir
Para imputar a Mas, el juez argumenta que mantuvo a Terradellas como secretario de relaciones internacionales de CDC y que la “intensa línea de trabajo” de este para lograr contactos “al más alto nivel posible en el gobierno ruso, no se puede comprender sin el conocimiento y anuencia de los respectivos líderes políticos”, primero Mas y luego Puigdemont.
“No parece necesario pensar que Mas o Puigdemont tuvieran que autorizar cada acción de ámbito internacional de sus directivos, pues se trataba de personas de su máxima confianza, en puestos de primer nivel, con autonomía y capacidad para decidir cómo alcanzar los logros estratégicos” para conseguir apoyo internacional.
Tanto Mas como Puigdemont, indica Aguirre, “tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos, disponían de la capacidad de suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al estado español al que representaban”.
Artur Mas no quería perder electorado
En un escrito trufado de interpretaciones del contenido político, Aguirre asegura que Mas, para “no perder electorado” tras la recesión y el descontento social entre 2008 y 2012, optó por “la reivindicación identitaria catalana como medio para propulsar su permanencia en el poder, creando una conciencia excluyente de colectividad propia diferenciada de la del resto de España… siendo el enemigo de la colectividad catalana España”.
“Así, se extendió el relato del ‘mandato democrático’, originado en la supuesta voluntad popular expresada democráticamente cada cierto tiempo en urnas; del ‘España nos roba’ y la inconveniencia de seguir formando parte de España que históricamente ha limitado el avance de Cataluña como país y sociedad moderna”, expone.
La Abogacía del Estado pide aplicar la amnistía
La Abogacía del Estado también ha pedido al Tribunal Supremo que retire la orden de arresto que pesa contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que le aplique la amnistía, junto al resto de líderes independentistas implicados en el “procés”.
En sendos escritos remitidos al alto tribunal, a los que ha tenido acceso EFE, la Abogacía del Estado defiende el mismo criterio que esgrimió la Fiscalía: todos los hechos atribuidos a la cúpula política del “procés” deben ser amnistiados, incluida la malversación.
Pide, por tanto, amnistiar a Carles Puigdemont y borrar la orden de detención nacional que tiene vigente al haber huido, como también ocurre con los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y la dirigente de ERC Marta Rovira.
La Abogacía considera que dado que “la amnistía acordada por la Ley Orgánica les resulta de aplicación”, procede acordar “el inmediato alzamiento” de las medidas cautelares así como “dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión o de detención”, que afectan al expresident catalán y a los exconsellers Comín y Puig.
Pretensión de Rusia de desestabilizar Europa, según Aguirre
También se explaya afirmando que el orden constitucional y la integridad territorial de España “fueron cuestionados por actores políticos que se mantuvieron deliberadamente al margen de la ley, apoyados por figuras operativas rusas en los años posteriores a la agitación, alimentando un potencial de continuidad”.
En el caso de Cataluña, mantiene la teoría de que “el apoyo y la utilización de actores políticos, tal y como se ha demostrado a lo largo de la investigación, involucraron a personas del más alto nivel del Govern de la Generalitat, incluido su presidente, y ello habría facilitado y reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa”.
Según Aguirre, “para la política rusa, el procés era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia”.
“Contrariamente, en el caso de que el proceso secesionista hubiera finalizado con éxito, y Cataluña hubiera obtenido la Independencia (y así el apoyo ruso), Rusia habría contado con ‘una puerta trasera’ para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas”, sostiene.
Boye cree un “delirio fruto de psicotrópicos” la nueva causa
Por su parte, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha opinado que la nueva investigación abierta por el juez es un “delirio” fruto del consumo de “psicotrópicos” a ciertas “edades y horas”.
