Madrid (EFE).- El Constitucional ha exonerado de la malversación a los exconsejeros Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que rebaje la pena al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exviceconsejero Jesús María Rodríguez por los ERE de Andalucía.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno ha tomado todas estas decisiones con los 7 votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro votos en contra de la minoría conservadora, tal y como ha sucedido hasta hora con todos los recursos por los ERE, salvo el del exconsejero de Empleo Jose Antonio Viera que fue inadmitido.
Eso sí, la magistrada María Luisa Segoviano ha anunciado un voto particular concurrente en los casos de Vallejo y Rodríguez, como hizo este martes con el caso del exalto cargo Miguel Angel Serrano.
Los exconsejeros Vallejo y Aguayo, en libertad
Los exconsejeros de Innovación y Hacienda de la Junta Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo han quedado este miércoles en libertad después de que el Constitucional los haya exonerado de la malversación por la que fueron condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Andalucía.
La corte de garantías, que ha resuelto sus respectivos recursos de amparo y ha declarado la nulidad de la sentencia que los condenó.
Aunque tras el pronunciamiento del Constitucional el tribunal sevillano ha acordado la puesta en libertad de Vallejo y Martínez Aguayo, la Audiencia no ha recibido en cambio los fallos de las sentencias referentes a Fernández y Rodríguez Román, por lo que no ha resuelto todavía sobre la situación personal de estos dos últimos encarcelados, han informado fuentes judiciales.
Vallejo, a su salida de prisión: «Es un escándalo que hayamos estado aquí sin pruebas»
Vallejo, condenado a siete años de prisión por prevaricación y malversación y que ha abandonado del Centro Penitenciario Sevilla I sobre las 19:15 horas, ha dicho a su salida de la prisión que es un «escándalo» haberse «comido» un año y medio en la cárcel «sin una sola prueba» que lo incrimine «en algo».
En declaraciones previas a EFE, Encarnación Molino, abogada de Vallejo, ha mostrado su «gran satisfacción y alegría» por que el Constitucional haya atendido las tesis que han argumentado todos estos años las defensas, y cree que la condena de los ERE «nunca debió llegar tan lejos».
Por su parte, Martínez Aguayo, condenada a seis años de cárcel por los mismos delitos que Vallejo, no tendrá que volver a pernoctar más en el Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla al que quedó adscrita hace varias semanas, cuando ya se le concedió el tercer grado penitenciario.
El Constitucional estima los recursos de amparo
Las sentencias, ponencias de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, estiman parcialmente los cuatro recursos de amparo, de manera que se anulan sus condenas para que la Audiencia de Sevilla dicte unas nuevas con los hechos que acota el Constitucional.
En síntesis, aplica los mismos argumentos que en los fallos anteriores de los ERE: que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación; que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz y que no es lo mismo gestionar las ayudas en la Consejería de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias.
En el caso de Fernández, siete años y 11 meses por prevaricación y malversación, la sentencia reduce la malversación a los años 2000 y 2001 y a un grupo de ayudas que se desviaron a otros fines ajenos a la partida presupuestaria 31L, denominada «fondo de reptiles».
Los hechos de la prevariación acotados al 2004
Respecto de Martínez Aguayo, seis años de cárcel y actualmente en tercer grado, el TC acota los hechos de la prevaricación tan solo a una partida de 2004, exactamente el mismo escenario que afecta a Vallejo, siete años de prisión, quien será excarcelado en las próximas horas; mientras que a Rodríguez, seis años de prisión, limita la prevaricación a unas partidas de 2000, 2001 y 2004.
En estos tres casos, el tribunal elimina la malversación al explicar que fueron condenados por este delito sin que los tribunales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por ellos en concreto, por lo que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, aun cuando de Vallejo y Rodríguez constata que algunas conductas pudieran ser consideradas como malversación.
Un voto particular habla de «espacio de impunidad»
De los cuatro votos particulares, destaca el del magistrado Enrique Arnaldo que advierte de que las sentencias crean «un espacio de impunidad en el que determinados gobernantes gozan de un escudo protector que repele cualquier control».
Y dice que «llama poderosamente la atención» el «elocuente contraste» entre la protección reforzada que la UE atribuye al delito de malversación y la respuesta del TC que deja «impunes» unas «conductas de especial gravedad cometidas por unos responsables políticos» en «uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en España».
Con estos fallos, tan solo quedan pendientes de resolver otros cinco recursos, entre ellos los dos más mediáticos que el tribunal dejó para el pleno del 16 del julio, los de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán, que previsiblemente se verán beneficiados por la doctrina del tribunal con estas decisiones.
