Madrid (EFE).- La defensa del exministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, ha pedido este viernes al Tribunal Supremo la nulidad de la causa, al considerar que el juez ha vulnerado sus derechos fundamentales porque entiende que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) interceptó ilegalmente sus comunicaciones.
Ábalos ha presentado un recurso de reforma y de nulidad de actuaciones, al que ha tenido acceso EFE, en el que solicita a la Sala de lo Penal que anule la causa «por entender que se han vulnerado tanto las garantías procesales (…) como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución».
Y advierte de que si el instructor Leopoldo Puente no atiende su petición, acudirá en amparo al Tribunal Constitucional.
Ábalos denuncia como hechos muy graves que se han vulnerado la privacidad de su correspondencia y la inviolabilidad de sus comunicaciones cuando era aforado; por tanto entiende que todos lo investigado hasta la fecha es nulo.
El sobre en el coche del hermano de Koldo García
Explica que cuando su exasesor Koldo García tenía el móvil intervenido, los investigadores captaron conversaciones en las que tuvieron conocimiento de que Koldo le iba a entregar una documentación del Ministerio a través de su hermano Joseba.
Según Ábalos, la Guardia Civil hizo un control al coche de Joseba el 4 de noviembre de 2023 en el punto kilométrico 542 de la autopista AP-7 dirección Valencia.
El vehículo fue inspeccionado y en él «localizaron un sobre que había sido entregado por el subsecretario», el cual iba «nominado en la parte delantera» a su nombre, y en el anverso estaba cerrado y «con el sello oficial del Ministerio».
«Como consecuencia de ese operativo, que tuvieron conocimiento por las operaciones telefónicas, procedieron a abrirlo y a fotografiar toda la documentación que contenía el sobre», añade el exministro.
El secreto de las comunicaciones
«Los hechos descritos son de suma gravedad por cuanto vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones» y «nunca consentí que se abriera dicha documentación», como «tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser aforado) que motive la apertura de la correspondencia».
Al respecto, explica que «la correspondencia privada solo puede ser abierta por tercera personas cuando existe de forma inequívoca el consentimiento del destinatario, o bien, autorización judicial».
Pues bien, añade, los investigadores abrieron ese sobre «sin tener en consideración la protección que la Constitución y la ley procesal» le otorga como aforado, por lo que no puede entender esa actuación «simplemente como un daño colateral».
El exministro también aprovecha el escrito para destacar que el suplicatorio que el juez Leopoldo Puente ha pedido al Congreso carece del rigor necesario por cuanto no hay prueba de las acusaciones que el empresario Víctor de Aldama ha vertido contra él de supuesta comisiones en dinero o mediante viviendas en Madrid y Cádiz.
