Madrid (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha avanzado este martes que se están revisando uno a uno los más de 100 casos comprendidos en la denuncia colectiva presentada por asociaciones de víctimas por el trato recibido en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de covid-19.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, García Ortiz ha garantizado que se está evaluando la denuncia a la «mayor brevedad posible para evitar la prescripción de los hechos denunciados».
Reuniones con las organizaciones denunciantes
Dicha denuncia, ha recordado el fiscal general, sostenía que los protocolos de no derivación implicaron que se denegó asistencia sanitaria al 80 % de los mayores, que no se procedió a la medicalización de las residencias; y que a sus residentes se les negó asistencia sanitaria en centro privado, salvo si tenían un seguro médico.
El fiscal general ha explicado que se han mantenido reuniones tanto con representantes de las asociaciones que han presentado la denuncia, como con los fiscales encargados de su estudio.
Los fiscales están revisando la denuncia «en relación con cada una de las víctimas, incoando diligencias de investigación por cada una de ellas para comprobar si los hechos ya han sido objeto de investigación».
Si es así, ha explicado García Ortiz, se están realizando «todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia y si en alguna de ellas constan los mismos hechos denunciados».
Si ya estaba abierto un caso judicial, se ha remitido la denuncia y se han instado las diligencias procedentes, ha explicado.
27 procedimientos abiertos
Según los datos aportados por el fiscal general, actualizados a fecha de noviembre de 2024, son 27 los procedimientos abiertos en relación al fallecimiento de residentes en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, si bien ocho de ellos estaban pendientes de recursos de apelación interpuestos contra su archivo ante la Audiencia Provincial.
Meses antes, en abril, se recibió en la Fiscalía General informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid y se solicitó a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid un informe sobre los datos que se habían evaluado para elaborar la Memoria relativa al año 2020.
Y después, en mayo, la Secretaría Técnica dictó un oficio en el que pedía a todos los fiscales superiores información actualizada, y recabó datos que apuntaban a que todavía estaban en trámite 91 procedimientos en todo el territorio nacional.
Más allá de las eventuales responsabilidades penales, según el fiscal general, «la pandemia constató la necesidad de replantear el modelo residencial» en España.
Un juez archiva la causa por 7 muertes en residencias de Madrid
Un juez de Madrid ha archivado la causa en la que se investigaba si la muerte de siete ancianos en dos residencias de mayores de la región fue un homicidio imprudente por parte de los centros, si bien cuestiona los protocolos de no derivación a los hospitales, cuyas consecuencias «no fueron valoradas bien» por parte de las autoridades políticas.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional de las denuncias presentadas contra las residencias Adolfo Suárez y Amavir Arganzuela, en el que señala que se cumplieron los protocolos vigentes en ese momento, que aconsejaban «no ingresar a personas afectadas con covid y con patologías complejas y edad avanzada» en los hospitales al estar saturados, y donde la atención «era deficiente».
El juez excluye a Ayuso de la investigación
Aunque el magistrado excluye del objeto de la investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cuestiona la redacción y vigencia de los protocolos de no derivación de los residentes a hospitales que, indica, se aplicaron «pocas semanas».
A su juicio, considera su aplicación «como poco, muy discutible», y cree que sus consecuencias «no fueron valoradas bien por la autoridad política», cuya responsabilidad, señala, «excede el ámbito de esta causa al tener aforamiento los responsables».
«Discutible y reprobable»
Aunque indica que la decisión de la autoridad sanitaria «pudiera ser discutible y reprobable», se basaba en que a este tipo de pacientes «el tratamiento más eficaz sería en la propia residencia», y aunque muchos de los centros de mayores «carecían de medios e incluso de médicos», no es el caso de las dos residencias investigadas «donde se contó con atención medica y asistencia, medicación e incluso oxígeno».
Por otro lado, afirma que los protocolos «no descartaban de manera absoluta el ingreso en los hospitales de los residentes», dependiendo del criterio de los geriatras de guardia o de referencia, y añade que algunos de los fallecimientos investigados inicialmente les fue recomendada la derivación al hospital y fueron los familiares los que al principio se negaron.
El juez descarta la comisión de delito de homicidio o lesiones por imprudencia por parte de los encargados de la residencia, ni de los médicos y enfermeras, al haberse deparado a los residentes «el tratamiento adecuado dadas las circunstancias», al no poder acreditar la relación de causalidad entre la conducta imputable y el resultado, y ve «inviable» que se haya cometido un delito de omisión del deber de socorro, de trato degradante, o de prevaricación.
