Ceuta (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha determinado que las devoluciones de inmigrantes que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla son ilegales y ha instado a la Delegación del Gobierno a aplicar el procedimiento de devolución ordinaria «con todas sus garantías».
Según informa en un comunicado, el TSJA ha dictado sentencia a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Jesuita a Migrantes, No Name Kitchen y la asociación Coordinadora de Barrios tras una devolución de un migrante que entró a nado en Ceuta.
El TSJA ha determinado que desde que la ley de protección de la seguridad ciudadana introdujo esta figura jurídica, el ejecutivo ha venido aplicándola en Ceuta y Melilla «sin límite geográfico, no solo en el perímetro fronterizo de la valla, sino también en el mar, en islotes y archipiélagos o en el centro de la ciudad».
Contra esta práctica ya se han dictado dos sentencias por los Juzgados de Ceuta que fueron recurridas por la Abogacía del Estado y ahora el TSJA ha confirmado la decisión del Juzgado señalando que este rechazo «solo está previsto en el perímetro de la valla» y recordando que en el resto de ubicaciones deberá emplear el «procedimiento de devolución ordinaria con todas sus garantías».
Otros dos procedimientos pendientes
Hay otros dos procedimientos pendientes en la actualidad sobre los que los juzgados de Ceuta deben pronunciarse.
En todos los asuntos analizados por la justicia ha quedado acreditado que los migrantes fueron interceptados por la Guardia Civil en el mar o en la playa mientras trataban de acceder a la costa ceutí y, posteriormente, fueron devueltos a Marruecos sin haber podido tener asistencia letrada ni intérprete.
En una nota, el presidente de la Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, ha opinado que, diez años después de la creación de la figura del rechazo en frontera, queda constatado que solo sirve para cercenar derechos de personas vulnerables y ha añadido: «El estado de derecho es más sólido cuando ampara los derechos de las personas más vulnerables».
Francesca Fusaro, miembro de No Name Kitchen, ha afirmado: «Es un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes; y, sobre todo ahora, queremos subrayar que el no respeto de estos derechos humanos por parte de las autoridades pone en riesgo la vida de miles de personas en el mar, con el resultado de muchas muertes y desapariciones sin respuesta».
Por parte del Servicio Jesuita a Migrantes, el abogado Javier Moreno Gómez ha añadido que la pérdida de garantías en actuaciones por parte de las fuerzas de seguridad hacia los esas personas supone un «acto administrativo ilegal» y «un acto de discriminación y deshumanización en un contexto de urgencia por la apertura de vías legales y seguras para personas en situaciones de desplazamiento forzado».
