Madrid (EFE).- El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad que el ejercicio del derecho a huelga de jueces carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, «no procede tener por anunciada» la huelga convocada por cinco asociaciones judiciales y fiscales la próxima semana.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado a EFE del acuerdo unánime adoptado por el CGPJ sobre la ausencia de base legal en una huelga de jueces y magistrados y, en consecuencia, han determinado que el Consejo no puede fijar ningún tipo de servicios mínimos.
Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, sin estar este contemplado en la ley, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2019, en las que en ningún caso se ha producido este tipo de castigos.
Los vocales se han reunido este jueves en un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la huelga convocada por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales la semana que viene, tras la concentración prevista este sábado, en contra de los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
El Ministerio de Justicia solicitó al CGGP que se pronuncie sobre la legalidad de esa huelga, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.
Además de señalar por unanimidad que la huelga carece de base legal, el acuerdo recoge varios puntos aprobados por la mayoría que han formado diez vocales conservadores y la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, que han rechazado nueve vocales progresistas y frente al que se ha abstenido Carlos Hugo Preciado, enmarcado en el bloque progresista, del que ya se ha desligado en otras ocasiones.
Con esa mayoría, el CGPJ señala que, de producirse el paro, no debe afectar en ningún caso al «reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad» del Poder Judicial.
