Madrid (EFE).- Cientos de personas, entre ellos decenas de jueces y fiscales, se han concentrado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
La concentración ha sido convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal y ha servido como antesala de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas asociaciones.
En la manifestación, diferentes portavoces de estas asociaciones han pedido la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial, al grito de proclamas como «Sin Estado de Derecho no hay democracia» o «Fiscalía imparcial».
El CGPJ acuerda que la huelga carece de soporte normativo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad esta semana que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, «no procede» tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.
También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal «pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos».
De estas protestas se ha desvinculado la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) que, tras consultar a sus bases, confirmó que no la secundaría pese a ser contraria al proceso de estabilización contemplado para la carrera.
Los convocantes exigen la retirada del proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, en tramitación parlamentaria, y del anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Consideran que estas leyes «comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal» y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
De la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sostienen que da pasos atrás al incrementar «injustificadamente» el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora.
Las cinco asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El PP apoya la huelga ante el intento de «control» del Gobierno
La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha expresado este sábado su apoyo a la convocatoria de huelga y las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales contra los proyectos legislativos del Gobierno que, ha asegurado, está intentando controlar el Poder Judicial.
Fúnez, que se ha reunido, junto con la diputada popular María Jesús Moro con el Colegio de Procuradores, ha advertido, según informa el PP, que la gestión de Sánchez «está siendo un ataque permanente a la separación de poderes y al Estado de Derecho».
La reunión se ha producido mientras asociaciones de jueces y de fiscales se concentraban ante el Tribunal Supremo en una protesta previa a la huelga que han convocado para los próximos martes, miércoles y jueves contra los proyectos legislativos del Gobierno que, según ellas, comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal.
Fúnez ha asegurado que Sánchez legisla «con nombres y apellidos con la ‘ley Puigdemont’, la ‘ley Begoña’, la ‘ley Bolaños’ y el proyecto de ‘ley Koldo’ para blindarse» en el Palacio de la Moncloa.
