Madrid (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la «necesaria reforma» de las leyes de dependencia y discapacidad ante el reto demográfico que multiplicará en los próximos años las personas mayores y dependientes y para «dejar atrás la época oscura de los recortes y construir un sistema de cuidados público y de calidad».
El ministro ha expresado su compromiso de alcanzar el 50 % de la financiación de la dependencia desde la administración general del estado y ha argumentado que «en tiempos oscuros» en los que se carga contra los vulnerables, como en Torre Pacheco, es necesario sentar las bases de un estado social que proteja a todos.
Para Bustinduy se trata de la «reforma social de mayor calado» que se traslada al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria con «el mayor consenso» de la sociedad civil, comunidades autónomas y órganos consultivos.
El proyecto modifica la ley de Dependencia para ampliar la ayuda en el domicilio a tareas como ir al médico o hacer la compra, reconocer la teleasistencia como derecho y ofrecer servicios transitorios para los grandes dependientes y severos mientras esperan el recurso que han solicitado.
Para el ministro, la reforma consolida la accesibilidad como derecho para personas con discapacidad, garantiza que puedan trabajar recibiendo una prestación de dependencia y desarrolla el nuevo Artículo 49 de la Constitución.
Otros puntos de la reforma
Según recoge el anteproyecto, que ya ha recabado los informes preceptivos, se reconoce de manera automática a cualquier dependiente con una discapacidad del 33 % para ahorrar cargas administrativas y las comunidades tendrán que realizar obras de accesibilidad (ascensores, rampa…) si lo solicita un vecino, con el apoyo de ayudas y subvenciones.
También cambia la ley general de derechos de las personas con discapacidad de 2013 para eliminar la discriminación en la contratación de seguros de salud y vida, incluye la accesibilidad universal como un derecho que se podrá reclamar ante la justicia y crea un fondo estatal para promoverla en entornos públicos.
Dentro de esta norma, según el anteproyecto, se regula como infracción grave, con multas de entre 600.000 euros y un millón, espectáculos similares al ‘bombero torero’ y en general, la exposición pública de una persona atendiendo a su discapacidad.
Los cambios en la ley de dependencia de 2006 van dirigidos a agilizar trámites, suprimir el régimen de incompatibilidades entre prestaciones y ampliar la prestación para cuidados a personas allegadas atendiendo a las nuevas situaciones de convivencia, como vecinos o amigos.
